El productor independiente de energía francés Solvéo Energies ha anunciado la ampliación de su planta solar de Bélesta-en-Lauragais, ubicada en la región de Aude, en Francia.
Respaldada por el gestor de activos francés Mirova, la compañía puso en marcha en febrero una nueva unidad de 300 kW, lo que aumentó la capacidad total de la instalación a 3 MW. La planta está en operación desde 2018 y ya había sido ampliada en abril de 2022 con la incorporación de una unidad de 250 kW conectada en baja tensión.
A diferencia de una ampliación convencional, el nuevo desarrollo se basa en una arquitectura descentralizada diseñada por Solvéo. El denominado “minicampo solar” no se conecta a través de alta tensión (HV-A) mediante la subestación original de la planta, sino que se integra directamente a la red local mediante una conexión específica en baja tensión (LV).
Esta arquitectura tipo “isla” permite añadir capacidad sin modificar la configuración eléctrica existente de la planta solar. Como consecuencia, la medición de la energía y su comercialización se gestionan de forma independiente.
Aunque la inversión por megavatio instalado es ligeramente superior a la de los proyectos fotovoltaicos convencionales en suelo, Solvéo sostiene que este modelo compensa ese sobrecoste mediante una mayor reversibilidad y un menor uso de suelo natural, agrícola o forestal. Además, permite acortar significativamente los plazos de desarrollo. Según la compañía, el tiempo habitual desde la obtención del terreno hasta la puesta en marcha oscila entre 18 y 24 meses.
El modelo de negocio de Solvéo se centra en el desarrollo de terrenos que tradicionalmente no resultan atractivos para grandes promotores, con proyectos que van desde 5.000 m² (aproximadamente 300 kW) hasta 2 hectáreas (1 MW). Una de las principales ventajas es la reducción de los tiempos de tramitación administrativa, directamente vinculada al menor tamaño de las instalaciones.
Esta flexibilidad regulatoria se deriva de la limitada potencia de los proyectos. En Francia, las instalaciones de menos de 300 kW están exentas de evaluación de impacto ambiental, mientras que aquellas entre 300 kW y 1 MW evitan procedimientos largos de información pública, siendo sometidas a una revisión simplificada por parte de la administración regional competente. Además, su tamaño permite tramitar una simple declaración previa de obras, generalmente resuelta en un plazo de un mes, frente a los procesos más largos asociados a permisos de construcción en proyectos de mayor escala.
La conexión a red sigue un principio similar de simplificación. Al utilizar baja tensión, la empresa puede obtener una propuesta técnica en un plazo de unos tres meses, evitando estudios complejos de estabilidad y costosos refuerzos de red asociados a conexiones en alta tensión.
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