La columna de UNEF: Más renovables son menos costes para todos

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La retribución de las energías renovables está basada en el reconocimiento de una cierta rentabilidad ‘razonable’ a las instalaciones, que, en función de unos costes estándar, deriva en unos pagos a la operación y a la inversión que complementan los ingresos de mercado. 

Esta rentabilidad se fija por periodos regulatorios que tienen una duración de seis años. Para el periodo actual (2013-19) la rentabilidad se fijó en el 7,398% (7,503% para algunas instalaciones). Para revisar dicha tasa para el siguiente periodo (2020-25) era necesario aprobar una norma con rango de ley previamente al inicio del mismo, es decir, antes del final de este año 2019. 

Por ello, el pasado viernes 22 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley (RDL) 17/2019 estableciendo 7,09% como la tasa de rentabilidad para el periodo 2020-25, tal y como había propuesto la CNMC en 2018 utilizando la metodología del coste medio del capital (WACC). El RDL fue ratificado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en su sesión del miércoles 27 de noviembre. 

Era necesario aprobar este decreto puesto que, de no haberlo hecho, se habría entrado en una situación de vacío legal que hubiera continuado la gran litigiosidad ya existente. La inseguridad jurídica se debía a las diversas interpretaciones sobre la revisión de la tasa de rentabilidad que existían ante la ausencia de la aprobación del decreto al finalizar el periodo. Sin aprobarlo vía Real Decreto-Ley, no estaba claro si la rentabilidad de las instalaciones durante el siguiente periodo iba a ser la actual o una actualización automática sobre cuyo valor no había tampoco consenso. 

La particularidad del RDL 17/2019 es que, además de aprobar una tasa para el siguiente periodo, permite a las instalaciones puestas en marcha antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, que introdujo reformas retroactivas sobre el marco retributivo de las renovables, mantener el 7,398% durante los dos siguientes periodos regulatorios (2020-25 y 2026-31). 

De esta forma, el Gobierno envía una señal de estabilidad y seguridad a los inversores que es clave teniendo en cuenta las nuevas renovables que hay que instalar masivamente para realizar la transición energética. Según estima el Ministerio para la Transición Ecológica en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, son necesarios 82 mil M€ de inversión hasta 2030 solo en renovables, de los cuales prácticamente todo es inversión privada. En lo que respecta a la fotovoltaica se contemplan más de 30 GW de nuevos proyectos fotovoltaicos -del orden de 3 GW anuales- que se tienen que instalar de 2020 a 2030.

Desde UNEF valoramos como un éxito el Real Decreto-Ley 17/2019 por introducir, con el mantenimiento de la tasa de rentabilidad hasta 2031, un marco retributivo constante para los proyectos fotovoltaicos existentes. Esta norma da respuesta a una necesidad del sector, que hemos venido reclamado desde la asociación en los últimos años. Mantener la rentabilidad compensa, aunque sea parcialmente, las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria de los años anteriores. 

Además, aunque la desinformación de los últimos días pueda apuntar lo contrario, esta señal de estabilidad al sector renovable es la mejor forma de reducir el coste de la factura para el consumidor final. En primer lugar, como la retribución se mantiene, el coste para el sistema seguirá siendo el mismo que ya financiamos los consumidores. Es decir, como los ingresos del sistema no tienen que subir para cubrir nuevos costes, no hay ningún tarifazo: la factura quedará igual que antes. 

Por otro lado, al establecer el RDL como condición para mantener la rentabilidad, la renuncia a indemnizaciones y procesos arbitrales abiertos, se abre una vía para evitar el pago de hasta 8.000 millones de euros que inversores internacionales reclaman al Reino de España. Si estos procesos, que se cuentan por decenas, terminaran por condenar a España, las indemnizaciones reconocidas a los inversores podrían acabar como un coste del sistema eléctrico, incrementando esta vez sí la factura del consumidor o en su defecto, el déficit tarifario. 

En segundo lugar, si en España se continuara recortando a las renovables como en el pasado, se mantendría la imagen de inseguridad jurídica de nuestro país. Los inversores en renovables evitarían entrar en el mercado español o pedirán mayor rentabilidad por sus proyectos, para así cubrir el riesgo regulatorio. Esto además de retrasar la transición energética, hacer el sistema eléctrico más contaminante y alejar el cumplimiento de los objetivos europeos y el Acuerdo de París, también subiría la factura.

Para terminar, me veo en la responsabilidad de aprovechar esta tribuna para desmontar la falsa creencia que permite que se extienda toda esta desinformación, y es que las renovables son tecnologías caras que elevan los costes del sistema y la factura del consumidor. Desde hace años, energías renovables como la fotovoltaica (y la eólica) son competitivas económicamente y no requieren ayudas. La fotovoltaica es, de hecho, la tecnología de generación más económica de todas, con menores costes incluso que las centrales de generación térmicas existentes. Hoy en día, una mayor participación de renovables que sean competitivas en el sistema eléctrico no solo no conlleva mayores costes, sino que se traduce en un menor precio del mercado, que permite reducir la factura de todos los consumidores. Por lo tanto, a más renovables, menos costes para todos.

Por Alejandro Labanda, Director de Estudios de UNEF