El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, participó el pasado miércoles en Toledo en el Policy Forum que ha tenido lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en Toledo. Allí ha resaltado la importancia de pasar de un modelo de economía lineal al circular, con el que se conseguirá reducir residuos y generar riqueza en la región.
En su intervención, Martínez Arroyo resaltó las políticas que se llevan a cabo desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha donde se han destinado, por ejemplo, 31 millones de euros para la modernización de infraestructuras y la optimización del consumo, o los 1,5 millones de euros del programa de educación ambiental donde se ha contado con los propios regantes para concienciar a la sociedad de la importante el consumo responsable de agua.
En cuanto a los próximos proyectos, ha puesto en relieve la puesta en marcha de un Plan Solar, a través del cual se instalarán sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en 861 edificios de la Administración regional, lo que supondrá una inversión de 50 millones en los próximos cinco años que conllevará un ahorro del 30 por ciento del consumo de combustible.
El documento que recoge la futura Ley de Economía Circular se encuentra en información pública hasta el próximo 3 de diciembre. La ley se aprobará antes de finalizar la legislatura “para que Castilla-La Mancha pase del actual modelo de economía lineal al circular, lo que servirá para que se reduzcan los residuos y al mismo tiempo conllevará que Castilla-La Mancha sea más rica como región aplicando estos principios de la economía circular”.
Una vez que la Ley esté ratificada y entre en vigor, serán obligatorias una serie de tasas, como las específicas para empresas que gestionen residuos y fianzas para todas las empresas que trabajen con residuos de todo tipo para que en caso de un problema medioambiental sean ellas y no los ciudadanos los que paguen el coste de las acciones de limpieza, cumpliendo así el principio de “quien contamina, paga”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un plan de desarrollo rural dotado con 1.485 millones de euros para favorecer el desarrollo socioeconómico y ambiental de la región. De esta asignación presupuestaria, alrededor de 853,8 millones de euros, se destinan a financiar acciones amigables con el clima.
El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca por la rapidez de la Administración autonómica en la gestión de trámites para la implantación de fotovoltaica, que en algunos casos se tramitan por vía de urgencia y en un plazo inferior a los ocho meses.
A principios de octubre, el Ejecutivo regional tenía en tramitación 119 proyectos que suman una potencia de 2.600 MW, más otros 2.500 MWque se tramitan desde Ministerio de Transición Ecológica.
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