La convocatoria moviliza 40 millones de euros para proyectos que impulsen la innovación social y la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.
La energía generada irá a mercado en el nuevo marco energético establecido por el PNIEC sin el apoyo de subastas. Con la conexión de este tipo de instalaciones, comunidades energéticas locales, esperan en Anpier, los precios de electricidad deberían caer a 30 €/MWh en 2030. El proyecto es anterior a la moratoria de un año decretada por el Ayuntamiento.
El Gobierno ha anunciado que esta subvención va destinada a proyectos impulsados por la ciudadanía, pymes, cooperativas o entidades locales en ámbitos como las renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible en todas las fases de creación de una comunidad energética. “Ahora podemos imaginar 1.200 pueblos con comunidades o 300.000 tejados solares”.
Con un programa de ayudas destinado a municipios, especialmente a los de menor población, cubrirá los costes administrativos y jurídicos de poner en marcha comunidades energéticas locales “para colaborar con los miles de hogares y negocios de la provincia asfixiados por esta situación”, explica el diputado Miguel Ángel Sánchez.
pv magazine ha hablado con Joan Groizard, Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sobre el papel que la fotovoltaica también tiene para modernizar la economía y mejorar la competitividad. En el contexto actual marcado por la crisis económica y sanitaria, tanto los fondos de recuperación de la Unión Europea como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que propone el Gobierno desempeñarán un papel fundamental.
El Gobierno planea el desarrollo de estas comunidades con el objetivo de promover la participación activa de la ciudadanía, las autoridades locales, las pymes y la sociedad civil “como actores clave en la transición energética hacia una economía descarbonizada”.
Si tenemos clara la distinción entre concepto marco y figuras jurídicas concretas podremos, además de no mezclar churras con merinas, tener interesantes debates sobre qué figuras jurídicas concretas entran o no entran, siempre en la opinión de cada uno, en el concepto comunidad energética.
Amigos de la Tierra y Greenpeace piden a los partidos políticos que la normativa española recoja los derechos energéticos reconocidos en la nueva Directiva Europea de Energías Renovables, que abre las puertas a fomentar la energía comunitaria y el autoconsumo renovable en todos los países de la Unión Europea (UE). La energía comunitaria tiene un enorme potencial para crear empleos verdes, ahorrar energía, mitigar la pobreza energética y promocionar las renovables.
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