El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha solicitado formalmente la opinión del Gobierno estadounidense en un caso que afecta a España y a inversores europeos del sector fotovoltaico. Concretamente, España recurre contra la ejecución de estos laudos en Estados Unidos alegando que los procedimientos de arbitraje intracomunitarios en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía son inválidos por entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea, en particular tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Achmea.
El asunto Achmea se refiere a una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la UE que declaró incompatibles con el derecho comunitario las cláusulas de arbitraje en Tratados Bilaterales de Inversión entre Estados miembros, como el que enfrentó a la aseguradora holandesa Achmea con Eslovaquia por una inversión expropiada; el caso estableció que el arbitraje inversor-Estado intracomunitario es contrario a la primacía y autonomía del derecho de la UE, bloqueando así la vía arbitral para inversores dentro de la UE y marcando un antes y un después para la protección de inversiones en Europa.
La opinión del Gobierno de Estados Unidos podría tener importantes repercusiones en el tratamiento de los laudos arbitrales intracomunitarios en Estados Unidos.
En 2024, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha confirmado la validez de tres laudos firmes contra España para la ejecución de un importe de unos 395 millones de dólares (unos 358 millones de euros), correspondientes a los casos de las empresas Nextera, 9REN y AES (asumido por el fondo Blasket) por los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, aunque ha reconocido el derecho del Gobierno a seguir pleitear.
Esta instancia judicial estaba revisando varios casos relacionados con la ejecución de laudos arbitrales obtenidos por empresas europeas contra el Reino de España, como los presentados por estas compañías.
En un fallo emitido en agosto de 2024, el tribunal concluye que el consentimiento de España al Tratado de la Carta de la Energía otorga a los tribunales federales jurisdicción para ejecutar aproximadamente 395 millones de dólares (unos 358 millones de euros) en laudos arbitrales emitidos contra el país.
De esta manera, los jueces estiman en su fallo que España pierde la inmunidad y señalan que al ratificar un convenio de arbitraje el país «renuncia implícitamente» a su inmunidad soberana frente a las demandas que pretendan hacer cumplir los laudos dictados en virtud de dicho convenio.
En marzo de 2025, la Comisión Europea ordenó a España que no pague 101 millones por el laudo renovable de Antin: Bruselas ve ilegal el laudo que obligaba a España a pagar 101 millones al fondo luxemburgués Antin por la retirada de las ayudas a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy.
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