El Gobierno aprueba el nuevo decreto para impulsar el almacenamiento y la demanda

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El Consejo de ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. La norma, que recupera varias disposiciones del Real Decreto-ley 7/2025 (decreto “antiapagones”, que no salió adelante en julio), busca aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y el fomento del almacenamiento de energía, la repotenciación de instalaciones y la aceleración de la electrificación de la economía, entre otras cuestiones.

Supervisión y control más estrictos

La nueva norma establece:

  • Mayor control de tensión: Se refuerzan las funciones de la CNMC para supervisar las obligaciones de los agentes. Habrá un informe trimestral público sobre esta cuestión.
  • Inspecciones: El Regulador completará un plan de inspección extraordinario sobre las capacidades de reposición del suministro cada 3 años.
  • Propuestas técnicas: El Operador del Sistema (Red Eléctrica) deberá elaborar propuestas de modificación normativa en plazos de 3 a 6 meses. Se centrarán en las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos, así como la definición de un procedimiento para monitorizar incidentes, y otro procedimiento para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y la red de distribución.

Impulso al almacenamiento y la electrificación

Se fija un objetivo de almacenamiento de 22,5 GW para 2030. Se priorizará la hibridación con plantas de generación ya existentes (en suelo ya antropizado) y agilizando su tramitación.

Desde la Unión Española Fotovoltaica, (UNEF) destacan que el nuevo Real Decreto «puede suponer un importante impulso al almacenamiento, al racionalizar la tramitación administrativa de la hibridación con plantas de generación de energía renovable ya existentes. Unas medidas que desde el sector estaban reclamando, como la redefinición de potencia instalada, que evita tener que cambiar de órgano sustantivo y comenzar el proceso de nuevo desde el inicio en la tramitación de la hibridación, o el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación». 

En cuento a la electrificación, la norma fomenta la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales Para ello:

  • Caducidad de permisos de demanda: Se fija la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los 5 años de ser otorgados. El objetivo: prevenir el acaparamiento y la especulación.
  • Identificación CNAE: Las peticiones de acceso para demanda deberán identificar el código CNAE de la actividad a desarrollar.
  • Plazos para distribuidoras: Se acotan los plazos de respuesta para extensiones de red (ej. recarga de vehículo eléctrico). Irán de 5 días (si no hay que ampliar red) hasta 80 días (si hay que construir varios centros de transformación).

Repotenciación e I+D+i

El decreto incorpora la definición de repotenciación de la normativa europea y el desarrollo, en el plazo de nueve meses, de una Hoja de ruta nacional que podrá incluir objetivos estratégicos y medidas técnicas, regulatorias y financieras para incentivar la sustitución de los equipos e incrementar la eficiencia y la producción de energía.

La norma también desarrolla el régimen de autorización de las plataformas de I+D+i para probar prototipos de máquinas de generación o almacenamiento, de tal forma que baste con obtener una autorización de explotación para desconectar un prototipo y conectar otro.

Igualmente, se unifica y aclara la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones de generación y almacenamiento, y se regulan distintas situaciones, como, por ejemplo, cuando varias instalaciones comparten infraestructuras de evacuación y tienen que cumplir distintos hitos de tramitación. UNEF también «valora positivamente la suavización de los plazos de cumplimiento de los hitos, lo que aporta seguridad jurídica, aunque sigue dejando en manos de terceros el cumplimiento de los mismos».

 

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