El Govern de Catalunya ha dado luz verde este martes al nuevo decreto de renovables, que pretende potenciar las energías verdes y el almacenamiento y que por primera vez regula a las comunidades energéticas. El decreto, en una primera versión, se aprobó en junio, pero no recibió el aval parlamentario y se retiró antes de la convalidación. Ahora parece que saldrá adelante después de pactar el contenido con ERC y comunes.
Según el Gobierno, este decreto incorpora diferentes medidas para incrementar la participación de la ciudadanía en el sistema eléctrico. Así, regula por vez primera la figura de las comunidades energéticas, crea un registro de estas entidades, y también se regula la participación de los entes locales en estas comunidades, dotándolas de mayor autonomía.
El decreto ley avanza en la simplificación administrativa para reducir los largos plazos de tramitación, se permite la transmisión de autorizaciones administrativas de proyectos no puestos en servicio, se incrementa hasta los 500 kW la potencia mínima necesaria para requerir la autorización administrativa a un proyecto de generación eólica o fotovoltaica, y agiliza la tramitación para mejorar o repotenciar la infraestructura de transporte y de distribución de electricidad.
Con el fin mejorar la aceptación de los proyectos de energías renovables en el territorio, se prevé la creación de tablas de diálogo social en cada veguería, y se establecen mejoras en los procedimientos de participación local, para incentivar la participación ciudadana y aumentar la información disponible por parte de las personas.
En el decreto también se articulan medidas para minimizar el impacto de las instalaciones energéticas en el entorno. Así, se restringe la instalación de energías renovables en suelos de regadío en las ya aprobadas o en desarrollo, y también se prevé la posibilidad de instalar líneas eléctricas en espacios cercanos a la red viaria. La norma también regula la figura de las pérgolas solares.
El decreto regula la instalación de baterías, para lo cual define la tramitación urbanística y energética que tendrán que seguir estas instalaciones, aclara su marco normativo y las dota de mayor seguridad jurídica.
ACATCOR y UNEFCAT valoran positivamente que el Gobierno haya optado por un modelo basado en la coordinación, la seguridad jurídica y el respeto por el territorio, y subrayan que esta norma pone fin a la incertidumbre generada después de la retirada del decreto anterior. Según las entidades, el texto aprobado hoy sitúa Cataluña en una posición más sólida para avanzar hacia un sistema energético renovable, distribuido y socialmente aceptado.
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