Los órganos rectores de la UE aprueban provisionalmente el pasaporte digital de producto

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La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional para modificar la legislación de 2009 (Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE) con el objetivo de hacer que los productos sean más eficientes energéticamente, reciclables y transparentes.

Entre la serie de enmiendas de Ecodiseño se encontraba la introducción de un pasaporte de producto digital. La propuesta de la Comisión Europea establece que el pasaporte es un registro electrónico de los datos de sostenibilidad ambiental de un producto.

El objetivo del pasaporte es facilitar y agilizar el “seguimiento y aplicación” de la legislación de la Unión Europea y de los Estados miembros, lo que se espera que “aumente la transparencia” para las empresas de la cadena de suministro y el público en general.

Si se apoya, el pasaporte se desarrollaría en un “diálogo abierto” con socios internacionales para reducir los costos de inversiones sostenibles, marketing y cumplimiento, entre otros factores. Las asociaciones industriales, las organizaciones de consumidores, las organizaciones no gubernamentales y los socios internacionales también ayudarían a elaborar las especificaciones técnicas del pasaporte relacionadas con la “trazabilidad”.

La Comisión Europea conservaría los datos, y los funcionarios de aduanas y los gobiernos nacionales también tendrían acceso para garantizar que los productos cumplan con las leyes federales y de la Unión Europea. Los Estados miembros impondrían sanciones nacionales por incumplimiento.

Según la propuesta, los alimentos, piensos, productos médicos para uso humano, productos veterinarios, plantas y animales vivos, productos de origen humano y productos vegetales y animales relacionados con la reproducción futura, estarían exentos de tener pasaportes.

El acuerdo provisional debe ser respaldado y adoptado formalmente por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor, según el comunicado de prensa de la Comisión Europea.

La noticia llega cuando el Consejo Europeo de Fabricación Solar y SolarPower Europe estaban supuestamente en desacuerdo sobre si la Unión Europea debería prohibir los productos fabricados con trabajo forzoso.

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