La Comisión Europea ha publicado una nueva versión de sus Directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía (CEEAG). La normativa actualizada, que originalmente entró en vigor en 2014, se aplicará a partir de enero de 2022.
“Según las nuevas normas sobre ayudas estatales, los proyectos fotovoltaicos en tejados de hasta 1 MW, así como los proyectos de energía 100% renovable de propiedad comunitaria o de PYMEs de hasta 6 MW, no estarán sujetos a procesos de licitación. Esto permite que más ciudadanos y empresas europeas inviertan en energía solar y acelera la transición energética impulsada por los consumidores”, dijo Naomi Chevillard, asesora política principal de la asociación solar europea Solarpower Europe.
Además, las nuevas directrices del CEEAG permiten a los gobiernos y a las autoridades nacionales convocar licitaciones para aplicaciones tecnológicas específicas, como la energía solar flotante y la agrovoltaica. En cambio, las ayudas a los combustibles fósiles se detendrán o, al menos, se restringirán más en el caso del gas natural, de acuerdo con el Green Deal de la UE.
Las normas revisadas permiten, por lo general, conceder ayudas de hasta el 100% de financiación, especialmente cuando se conceden tras un proceso de licitación, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, como los Contratos de Carbono por Diferencia, para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de “ecologización” de la industria.
“A medida que más Estados miembros recurren a la energía solar y al almacenamiento para reducir la exposición a los precios volátiles de la electricidad provocados por el gas, las licitaciones solares híbridas introducidas en las nuevas normas de subvención permitirán el crecimiento de estas tecnologías”, dijo la directora de políticas de Solarpower Europe, Claire Couet. Las ayudas estatales siguen desempeñando un papel importante en la inversión en energías renovables, añadió. “El nuevo marco de ayudas estatales otorga mucha más flexibilidad a los Estados miembros a la hora de diseñar su mecanismo de ayudas y, lo que es más importante, proporciona la caja de herramientas adecuada para que los Estados miembros cumplan el objetivo climático de la UE para 2030 de reducir en un 55% los gases de efecto invernadero”.
Las nuevas directrices incluyen secciones sobre medidas de eficiencia energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento energético, bajo ciertas condiciones.
Dice la Comisión Europea que en el proceso han participado los Estados miembros, las asociaciones empresariales, los grupos de interés, las empresas individuales, las ONG y los ciudadanos. La revisión también refleja la experiencia de la Comisión derivada de su práctica de casos en los últimos años.
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