La Junta de Andalucía incrementará en 13,76 millones de euros adicionales el presupuesto destinado a instalaciones solares, entre las que se incluyen las fotovoltaicas de autoconsumo, del Programa regional de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía. En total, destinará 51 millones de euros para impulsar el aprovechamiento de energía renovable solar en la comunidad autónoma.
Desde que se reabrieron con 37,3 millones estos de euros incentivos el pasado 12 de mayo, ya han realizado más de 6.400 solicitudes para actuaciones de aprovechamiento de energía renovable solar, con un incentivo asociado de 34 millones que, según la Agencia Andaluza de la Energía, movilizarán una inversión cercana a los 96 millones en la región; y más del 98% de las mismas se destinarán a autoconsumo con fotovoltaica.
Del total de solicitudes recibidas hasta finales del mes de julio, más del 80% han sido realizadas por particulares y comunidades de propietarios, a los que les corresponderán ayudas por valor de 15 millones de euros.
Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, si bien suponen el 17% de las solicitudes recibidas, serán las que más inversiones realicen: 53 millones de euros, ya que acometerán instalaciones de mayor potencia, y recibirán incentivos por 15 millones de euros. Las entidades locales completan este reparto de solicitudes y realizarán inversiones en tecnología solar por más de 4,7 millones de euros, con un incentivo de 3,7 millones en ayudas.
A estos fondos se sumarán los más de 100 millones de euros en ayudas procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energías renovables, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, cuya convocatoria publicará en septiembre la Agencia Andaluza de la Energía.
En ella se fijará el plazo de apertura de este nuevo Programa en Andalucía, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los fondos.
Solicitud de moratoria
Por otro lado, la plataforma Alianza Energía y Territorio (Aliente) con la adhesión de más de 130 colectivos, empresas, sindicatos, partidos políticos y movimientos ecosociales, de Andalucía y estatales– ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía una moratoria temporal para la aprobación de plantas fotovoltaicas de más de 5 MW así como la planificación y ordenación urgente de la implantación de estas instalaciones en Andalucía.
“Nuestro objetivo es que, en un plazo de entre 6 y 12 meses, se pueda hacer una correcta planificación con participación de la ciudadanía, como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente”, explica la plataforma.
Aliente presenta un posicionamiento de 13 medidas “para defender un modelo energético distribuido y justo, y para garantizar la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Dicho manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación”.
Para justificar esta solicitud, la plataforma explica que, en Andalucía, están en proceso de tramitación más de 600 proyectos fotovoltaicos. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables, y por ello, “consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios”. Estos puntos se consideran ya en la declaración de impacto ambiental de los proyectos.
La plataforma afirma que “dichas instalaciones supondrían, además, la pérdida de tierra cultivable y de actividad agroganadera, la expulsión de población local y el agravamiento de la despoblación, dada la nula creación de empleo y contribución a la economía local, lo que llevaría a aumentar el desequilibrio estructural de nuestro territorio. Por otra parte, este modelo de instalaciones a gran escala conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo, ocasionando a la larga un mayor deterioro ambiental, totalmente contradictorio con los objetivos de la transición ecológica”.
No explica por qué se expulsaría a la población, qué residuos genera un parque fotovoltaico ni qué tipo de extracciones conlleva la instalación de plantas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVCAC) y empresas del sector fotovoltaico, han aprobado una iniciativa pionera para el desarrollo consensuado de plantas fotovoltaicas sin necesidad de moratoria: se trata de protocolo de buenas prácticas denominado «Compromiso de Sostenibilidad Social y Medioambiental de las plantas fotovoltaicas a construir en el municipio de Cartagena», que regulará la instalación de plantas en el municipio.
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