Aunque quizá no lo parezca en entornos profesionales o sectoriales, la legitimidad de las empresas no pasa por su mejor momento. Un 56% de los españoles piensa que las empresas solo fingen preocuparse por el medio ambiente y para un 83% de los trabajadores españoles sus empleadores deberían preocuparse más por los aspectos sociales y ambientales de las comunidades en las que se ubican.
Al margen de la percepción social, lo que es evidente es que las empresas centran sus estrategias en alcanzar resultados económico-financieros que permitan cumplir con sus planes de negocio anunciados, ya sea para ser compradas por otras empresas, salir a bolsa o aumentar el valor para sus accionistas.
En el sector del desarrollo de instalaciones renovables, el interés de los inversores y la enorme competencia existente acentúan este efecto general, empujando a las empresas a desarrollar las instalaciones centrándose en la obtención de resultados a corto plazo para así aumentar su valor para potenciales inversores y superar a sus competidores. Este modelo de desarrollo genera un considerable volumen de proyectos avanzando a la vez, lo que ha generado, conjuntamente con otros factores, una creciente contestación social a los proyectos en desarrollo en los últimos meses.
Se tiene, por tanto, un círculo vicioso. El interés de los inversores y la competencia entre desarrolladores los incentiva a resolver los proyectos por la vía rápida, limitándose al cumplimiento de la normativa, y no introduciendo medidas proactivas que permitan mejorar su integración social y ambiental. Mientras tanto, la creciente oposición puede reforzar esta dinámica, al generar una sensación de urgencia que premie la finalización del desarrollo lo antes posible, contribuyendo así a que aumente la contestación.
Resulta evidente que para no poner en riesgo el cumplimiento de objetivos del PNIEC, es necesario romper este círculo vicioso y establecer un círculo virtuoso. Para ello resulta clave comprender el concepto de licencia social, que es la autorización que otorga el conjunto de la sociedad a una empresa o un sector, entendida como la aceptación, al margen de las autorizaciones legales y normativas, de sus prácticas comerciales y sus procedimientos operativos.
La licencia social primero se obtiene (y luego se mantiene en el tiempo) a medida que una empresa o un sector genera confianza en las comunidades en las que opera y en los distintos grupos de interés presentes a nivel nacional.
El desarrollo de plantas solares en suelo, aun siendo una de las mejores herramientas para reducir emisiones y luchar contra el cambio climático (recordemos, la principal amenaza de la humanidad), debe construir y mantener su licencia social, al igual que cualquier otro sector de actividad. Hasta ahora, las empresas dedicadas al desarrollo asumían que gracias a su carácter renovable participaban de un sector que contaba por defecto con licencia social, pero las evoluciones de los últimos meses hacen ver que esto no se puede dar en ningún caso por sentado.
La construcción de la licencia social se constituye por tanto como una cuestión ineludible para el desarrollo de plantas solares en suelo en los próximos años (y, por ende, para cumplir con los objetivos del PNIEC). Dicho de otra forma, si se cristaliza un contexto de opinión en el que los desarrolladores no tienen por defecto la legitimidad para operar, el tradicional modelo de desarrollo quedará obsoleto y no será la mejor estrategia de generación de valor para los accionistas o para superar a los competidores.
En su lugar, un desarrollo centrado en la creación de valor compartido[1] aparece como la alternativa para construir esta licencia social por su capacidad para generar valor económico para la empresa al tiempo que se resuelven problemas sociales y ambientales de las comunidades en las que se implanta. No hay que confundirlo con la filantropía o la responsabilidad social: se trata de una estrategia empresarial que no está al margen de la actividad de la empresa sino en el centro.
Para desarrollar una planta solar en suelo siguiendo la metodología de creación de valor compartido deberían realizarse los siguientes pasos:
- Análisis del contexto: Para que el proyecto pueda ir más allá del cumplimiento legal, se debe analizar previamente el contexto social, económico y ambiental de la comunidad en la que se pretende desarrollar.
- Identificación de los grupos de interés: Asimismo, es necesario conocer cuáles son las preocupaciones de los distintos grupos presentes en la comunidad (agricultores, ganaderos, políticos, ecologistas, etc.) y su posición respecto al proyecto y a sus potenciales impactos sociales y ambientales.
- Definición del plan de creación de valor compartido: Tras el diálogo con los grupos de interés, se define el plan de acción incluyendo objetivos de empleo, restauración ambiental y beneficio económico para la comunidad, entre otros.
- Compromisos y ejecución del plan: El plan se debe ejecutar en colaboración con las entidades municipales y los distintos grupos sociales. Además, se debe materializar en compromisos y un programa de trabajo públicos con un calendario y acciones específicas.
- Medición de impactos, monitorización y mejora continua: Deberán usarse indicadores que midan el impacto del plan de creación de valor compartido en la comunidad y en su entorno natural y evaluar las medidas implementadas.
En conclusión, la creciente contestación social debe hacer ver que, aunque las plantas solares en suelo sean una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, las empresas del sector deben construir su licencia social para operar. Para ello, deberán hacer las cosas bien introduciendo en su estrategia principios de creación de valor compartido que sirvan para dejar un legado positivo en las comunidades en las que se implanten.
Desde UNEF llevamos desde 2019 contribuyendo a este proceso con la publicación de nuestras Recomendaciones de sostenibilidad. A este documento, le seguirán este año la implementación del sello de excelencia en sostenibilidad y un estudio de mejores prácticas de integración social y ambienta
[1] El concepto de creación de valor compartido (Creating Shared Value) fue introducido por Michael Porter y Mark Kramer investigadores y estrategas empresariales en un artículo publicado en Harvard Business Review en 2006 que fue ampliado en 2011: https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
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