Cinco años después de los Acuerdos de París, el Congreso aprueba la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética

Impulsada por Unidas Podemos y PSOE, la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha aprobado en el Congreso. Ha contado con el apoyo de ERC, EH-Bildu, PNV, Teruel Existe y Ciudadanos. El Partido Popular y Más País se han abstenido, y Vox ha sido la única formación que ha votado en contra.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de un texto que establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía en antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable. Otras formaciones como Más País Verdes-Equo justifican su abstención al ver “incongruente” votar a favor de una ley “falta de ambición” y que “defiende los intereses de los lobbies de las empresas”. En concreto, Más País Verdes-Equo afirma que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% para 2030 prevista en la ley es “conservadora”.

Texto reforzado y ¿ambicioso?

El Gobierno, en cambio, define el texto como “reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia, que se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, gracias a la ciencia”, ha manifestado Teresa Ribera.

Asimismo, ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.

Desde el Gobierno también remarcan que las metas son más ambiciosas que las exigidas por la Unión Europea: España se compromete a una reducción del 39% de los gases de efecto invernadero, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea; y establece un consumo final de energía del 42% para 2030, frente al 40% que fija le UE.

Asimismo, mientras la Unión Europea establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37%, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

Principales medidas

Algunas de las principales medias son:

• Los coches de combustión interna dejarán de ser introducidos en el mercado en el 2040.
• En el 2030, las energías limpias deberán representar el 42% en el consumo final de energía (y no del 35% inicialmente previsto), y aportar el 74% del sistema eléctrico (y no el 70%). El consumo de energía primaria deberá reducirse un 39,5%.
• Plantas renovables, con cabeza: el artículo 22 establece que “el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico”.
• Obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en el 10% de la red de estaciones de servicio de todo el país y en edificios de nueva construcción.
• Alimentos de cercanía y de temporada en la dieta: en el artículo 20 se señala que, con el objeto de incrementar la resiliencia, en los contratos de la Administración General del Estado o vinculados se podrán establecer condiciones donde primen los alimentos frescos o de temporada y con un ciclo corto de distribución.
• No a la explotación de petróleo: la nueva disposición transitoria primera establece que “no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental”. Las vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2042.
• No se otorgarán nuevas autorizaciones de explotación, permisos, concesiones o prorrogas de los recursos de carbón en España.