España fomentará la compra energía renovable por parte de la industria electrointensiva

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El proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos prevé la creación de un fondo de reserva de garantías, denominado FERGEI, para la suscripción de contratos de compra de energía renovable a largo plazo.

Dicho fondo se ha creado como mecanismo de cobertura para el impulso de los contratos compraventa de energía a largo plazo (PPA) con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores, y figura entre las medidas planteadas por el Gobierno para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética. Estará dotado con 200 millones de euros para cubrir, como máximo, 600 millones de inversión en tres años, según consta en el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que será gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Cuando finalicen esos tres primeros años, los Presupuestos Generales del Estado determinarán cada año cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.

Según consta en la memoria del anteproyecto, esa dotación inicial de 200 millones de euros se realizará por reasignación de diferentes fondos o créditos existentes en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la pasada semana un informe en el que analiza la propuesta de orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se actualizan los parámetros retributivos aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir d.

La norma, que tiene de fecha límite para su aprobación hasta el 29 de febrero, actualiza, durante el periodo regulatorio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, los parámetros con los que se retribuye a cerca de 64.000 instalaciones productoras de electricidad.

En su informe, la CNMC considera, entre otros aspectos, positivo que la revisión tenga en cuenta las desviaciones en los precios del mercado mayorista; recomienda detallar la metodología de cálculo de los costes asociados al combustible y a los derechos de emisión y considera que se deben revisar los porcentajes trimestrales de las horas equivalentes de funcionamiento de la tecnología fotovoltaica.