El Gobierno y el sector de la minería del carbón acuerdan el desarrollo sostenible de las comarcas mineras

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El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounion) firmaron ayer, miércoles 24, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.

En términos generales, el acuerdo –firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio–, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El IMRC, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. Las estimaciones iniciales realizadas por los firmantes, y a falta de concretar las empresas y el número final de trabajadores que serán objeto del acuerdo, calculan que serán beneficiarios del mismo unos 600 empleados y que el 60 % los empleados podrán optar por la prejubilación.

Los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.

El acuerdo ha contado finalmente con la rubrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100 % su contenido. “Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector”, señaló el presidente de la patronal, Pedro Iglesias.

En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que, en su opinión se ha firmado “el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar”.

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que la firma de este acuerdo supone “superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores” y garantizar para el sector una transición energética que “debe ser justa”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, que el pacto “pone en valor el trabajo, el tesón y la lucha de la comisión negociadora” y representa “un comienzo, no el final de nada”.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás”.