Acusaciones cruzadas en la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado y anuncio de acciones legales

El 21 de mayo de 2025 se aprobó la creación de una Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones del 28 de abril de 2025 en el Senado español, que fue finalmente constituida el 12 de junio de 2025. Está integrada por senadores de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara Alta, con mayoría del Partido Popular (PP) y cuenta con la participación de comparecientes como responsables de Red Eléctrica (REE), cargos de la Secretaría de Estado de Energía (Sener) y directivos de empresas privadas.

Representantes del sector renovable han señalado en su comparecencia este jueves retrasos regulatorios como un factor determinante del incidente. Según expusieron José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); y Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), si hubiera estado vigente la actualización del Procedimiento de Operación 4.7 —norma técnica que regula la capacidad de las instalaciones para controlar la tensión de red— el riesgo de “cero eléctrico” se habría reducido significativamente.

Durante la comparecencia, los portavoces sectoriales atribuyeron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), autoridad reguladora encargada de aprobar los procedimientos técnicos, y a Red Eléctrica (REE), operador del sistema y gestor de la red de transporte, la demora en habilitar a plantas fotovoltaicas y eólicas para participar en el control de tensión, función tradicionalmente reservada a centrales síncronas convencionales (nuclear, hidráulica y ciclos combinados).

El control de tensión es un servicio esencial para la estabilidad del sistema, ya que permite gestionar oscilaciones y mantener los niveles adecuados de voltaje ante perturbaciones. Aunque la mayoría de los parques renovables incorporan electrónica de potencia capaz de prestar este servicio, la falta de habilitación normativa impidió su activación el día del incidente. En consecuencia, solo nueve centrales estaban programadas para estabilizar la red, en lugar de decenas de instalaciones renovables distribuidas geográficamente.

El proyecto de modificación del P.O. 4.7 comenzó a elaborarse en 2020, pero no fue aprobado hasta semanas después del apagón, pese a que su redacción final era sustancialmente similar a la propuesta inicial. En contraste, Portugal adoptó una regulación equivalente en 2020, permitiendo desde 2022 la participación activa de la fotovoltaica en la regulación de tensión.

Tras la aprobación del procedimiento, se ha generado una “lista de espera” de instalaciones solicitando habilitación, lo que evidencia la madurez tecnológica existente. Según datos sectoriales, 8.600 MW fotovoltaicos cumplen los códigos técnicos y 2.000 MW ya están homologados. Sin embargo, el proceso se limita a plantas conectadas a la red de transporte, excluyendo la red de distribución.

Terminar con el “sistema reforzado”

Adicionalmente, los comparecientes reclamaron la retirada del denominado “sistema reforzado” activado tras el apagón, que incrementa la participación de centrales de gas por motivos de seguridad.

Estiman que este esquema ha supuesto un sobrecoste acumulado de 550 millones de euros y una pérdida de ingresos del 15 % para la eólica. Según datos de Red Eléctrica, las medidas antiapagón aplicadas entre mayo y octubre supusieron un coste adicional de 422 millones de euros.

No obstante, un análisis de la consultora Nera afirma que, desde el apagón hasta el 31 de enero, el coste total de las restricciones técnicas se incrementó en 2025 en 1.300 millones de euros respecto a 2024, situándose en 3.300 millones, un 64 % más interanual. Esto implica un sobrecoste de hasta 1.100 millones de euros, importe que ha sido repercutido a los consumidores a través de la factura eléctrica: Nera afirma que la operación reforzada ha aumentado un 19% en el precio final de la electricidad.

Por su parte, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha reiterado esta semana en un foro de la Fundación Diálogo que el operador del sistema actuó correctamente durante el apagón del 28 de abril de 2025 y que no se produjo ningún fallo en la red de transporte. Defendió que los estándares de mantenimiento son “los más altos del mundo”, que ninguna de las más de 7.000 órdenes de telemando falló y que la reposición del suministro fue un hito sin precedentes a nivel internacional.

Corredor volvió a situar la responsabilidad en las compañías eléctricas y confirmó que el sistema seguirá operando en “modo reforzado” hasta que todas las empresas cumplan con sus obligaciones técnicas y adopten las medidas necesarias para eliminar este esquema extraordinario.

Empresas anuncian acciones legales

Repsol iniciará acciones legales para reclamar 125 millones de euros por los daños ocasionados en sus cinco complejos industriales (Cartagena, Puertollano, A Coruña, Bilbao y Tarragona) a raíz del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. El consejero delegado de la empresa, Josu Jon Imaz, ha anunciado este jueves que la compañía formalizará la demanda antes de que se cumpla el plazo legal de un año para reclamar a terceros.

Por su parte, Moeve (antigua Cepsa) también prepara acciones judiciales por el impacto del apagón —superior a 12 horas en algunas zonas— en sus refinerías de La Rábida (Huelva) y Gibraltar-San Roque (Cádiz), con una estimación de daños de 50 millones de euros.

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