La Junta de Andalucía ha sometido a información pública el proyecto de Orden por la que se establecen los criterios para la consideración de la consecución de la licencia social operativa en proyectos industriales, mineros y de energía en Andalucía.
Según explica la Junta, la norma parte «del reconocimiento de que el despliegue de tecnologías eficientes para la producción, almacenamiento, distribución y uso de la energía, junto con el desarrollo industrial y de una minería responsable, constituye un elemento clave para la reorientación del modelo económico andaluz hacia un crecimiento sostenible a largo plazo. Este proceso implica, en muchos casos, la implantación de tecnologías nuevas o poco conocidas, o bien de proyectos con impactos territoriales, ambientales o paisajísticos distintos a los tradicionales», lo que hace aconsejable reforzar su legitimidad social más allá del estricto cumplimiento de los requisitos legales.
En este contexto, la obtención de las licencias legales se considera una condición necesaria para la operación de los proyectos, pero no siempre suficiente para garantizar su adecuada implantación. La licencia social operativa se define así como un elemento complementario, basado en la aceptación social de una determinada tecnología o actividad económica en un entorno concreto, cuya ausencia puede condicionar tanto el desarrollo del proyecto como el logro de los objetivos económicos y sociales perseguidos.
Para ello, la Consejería competente en materia de industria y energía, incluida la industria extractiva, invitará a los promotores de proyectos industriales, mineros y energéticos a promover su aceptación pública mediante la participación directa e indirecta de las comunidades locales, así como a través de otras actuaciones e iniciativas orientadas a este fin. Para dar cumplimiento a este mandato legal, el proyecto de Orden define reglamentariamente los criterios que permitirán considerar alcanzada la licencia social operativa, tanto para las figuras incluidas en la citada ley como para otros proyectos de especial impacto y relevancia social.
Asimismo, la norma prevé la promoción de la colaboración institucional con las entidades locales, en particular con los municipios integrados en la Red de Ciudades Industriales y la Red de Municipios Mineros de Andalucía, así como con entidades representativas de la sociedad civil y los agentes económicos y sociales más relevantes del ámbito autonómico.
El periodo de información pública se extiende del 15 al 29 de enero de 2026. Hasta esa misma fecha se encuentra también en consulta pública el proyecto de Orden por la que se establecen los criterios para la determinación de zonas adecuadas para el despliegue acelerado de tecnología de energía renovable para los espacios productivos de Andalucía.
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