Agentes de la Guardia Fiscal (Guardia di finanza, Gdf) de la Comandancia Provincial de Varese, en Italia, han identificado tres empresas controladas por empresarios españoles que solicitaron y obtuvieron indebidamente más de 5 millones de euros en incentivos para la producción de energía solar a partir de fuentes renovables.
La investigación, llevada a cabo por la Compañía de Gallarate, se inició mediante el análisis de las empresas que operan en el sector de la energía eléctrica dentro del distrito del Departamento, que puso de manifiesto la presencia de numerosas empresas con un capital social reducido, pero propietarias de importantes instalaciones fotovoltaicas situadas principalmente en las regiones del centro y sur de Italia y administradas por personas extranjeras domiciliadas en Italia, pero no residentes efectivamente en el país.
La guardia fiscal explica que, sobre la base de estos elementos iniciales, se profundizó en la situación de las empresas objeto de la investigación, entre otras cosas mediante el examen de las cuentas corrientes bancarias. El resultado de las investigaciones reveló un flujo financiero entrante procedente del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), organismo público responsable de la concesión de incentivos a la producción de energía eléctrica.
Sin embargo, las sumas abonadas se transferían inmediatamente al extranjero, en particular a España, sin ninguna justificación comercial plausible. Posteriormente, se examinaron los procedimientos de autorización, construcción e incentivo de las instalaciones fotovoltaicas puesta en marcha por las citadas empresas –»con la complicidad de un sujeto italiano», según explica la GdF– de lo que se desprendió que estas habían solicitado a un municipio de Las Marcas tres autorizaciones distintas, y declararon falsamente la instalación de tres pequeñas plantas fotovoltaicas.
Este artificio les permitió obtener mayores incentivos del GSE. En estos casos, de hecho, el gestor público concede incentivos superiores a los pequeños productores de energía para compensar los mayores costes soportados en comparación con las instalaciones de mayor tamaño, que también están obligadas a obtener la Autorización Única Ambiental expedida por la Provincia.
En realidad, en el caso objeto de investigación, se trataba de una única instalación fotovoltaica conectada a la misma central eléctrica y protegida por una única valla.
Por lo tanto, la situación se denunció a la Fiscalía de Roma, competente en materia de delitos relacionados con la concesión indebida de incentivos públicos, con el fin de solicitar la incautación urgente de las sumas percibidas ilícitamente, teniendo en cuenta también las cuantiosas transferencias al extranjero. El fiscal encargado de la investigación ordenó el bloqueo de las cuentas corrientes utilizadas para el abono de las sumas por parte del GSE y el embargo de todos los bienes a disposición de los investigados –en concreto, se han embargado cuentas corrientes, edificios, terrenos, participaciones sociales e instalaciones de producción de energía solar a partir de fuentes renovables–, por un valor total superior a 5 millones de euros.
«La inspección permitió un ahorro adicional de unos 3 millones de euros que el GSE habría desembolsado hasta 2031 a las empresas objeto de la investigación», añaden de la GdF, y concluye afirmando que «la responsabilidad de los investigados solo se determinará definitivamente cuando se dicte una sentencia condenatoria firme».
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