El Consejo de Gobierno de Asturias ha acordado este lunes la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable, como ya anunció en agosto de 2024. Así, da luz verde al inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones, que fue considerada una “moratoria encubierta” a los sistemas de almacenamiento en la región.
El Consejo de Gobierno explica que trabajarán dos consejerías en la elaboración de la norma: la formulación de las directrices corresponderá a Ordenación de Territorio, mientras que Ciencia deberá redactar el documento de avance, en el que se precisarán los objetivos que persigue la regulación, y el documento inicial estratégico de evaluación ambiental.
La suspensión de licencias, que estará en vigor hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales, plantea las siguientes excepciones:
- Suelos no urbanizables que alberguen actividades mineras, industriales o energéticas, o aquellos en situación de abandono o degradación y que no hayan finalizado su proceso de restauración.
- Instalaciones destinadas al autoconsumo con potencia instalada inferior a 3 MW.
La futura regulación servirá de base a los servicios autonómicos encargados de las tramitaciones urbanísticas y ambientales, así como a los ayuntamientos, para la evaluación de los proyectos de baterías.
“Con este acuerdo, el Principado trata de dar respuesta al significativo aumento de solicitudes para implantar este tipo de equipamientos para almacenar energía, que ha generado preocupación social ante la falta de regulación urbanística específica”, afirma el Gobierno de Asturias en un comunicado. En el momento en que se anunció la norma, Asturias contaba con 1.220 MW de baterías con punto de conexión concedido y 373 MW en tramitación.
La elaboración de las directrices sectoriales incluirá un período de información pública, “lo que garantizará la transparencia y la participación ciudadana para conciliar la transición energética con la protección del territorio y la calidad de vida de la población”, concluyen.
Recientemente, la organización ecologista Agaden se ha opuesto al proyecto de baterías de 200 MW / 885 MWh de Rolwind en Tarifa. Afirman en su justificación que “este tipo de baterías puede afectar al medio ambiente” y existe “riesgo de vertidos y contaminación, riesgo de incendio y explosión, impacto en la biodiversidad y generación de residuos peligrosos”.
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