En octubre de 2024, el Consejo Europeo instó a todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas a que, con carácter prioritario, avanzasen los trabajos para dar respuesta a los retos que se señalan en los informes de Enrico Letta («Much more than a market» y Mario Draghi («The future of European competitiveness»). En ese contexto, se aprobó el llamado paquete «Ómnibus IV», que a su vez se enmarcan en la labor general que desarrolla la UE para apoyar la competitividad industrial a la vez que reduce la complejidad normativa.
Uno de las medidas fue el Reglamento 2023/1542 sobre Pilas y Baterías, según el cual los productores de pilas y baterías están obligados establecer políticas de diligencia debida (que diligente), hacer que se verifiquen y someterlas a auditorías periódicas por organismos de verificación de terceros y a informar públicamente de sus prácticas de diligencia debida, incluida la gestión de residuos, a fin de impedir o mitigar los efectos adversos de las pilas o baterías en el medio ambiente. Otras de las obligaciones incluyen el suministro, el tratamiento y el comercio de cobalto, grafito natural, litio y níquel utilizados para la fabricación de pilas o baterías.
El pasado 18 de julio, el Consejo Europeo aprobó una nueva ley para simplificar las normas de la UE e impulsar así su competitividad en el ámbito de las pilas o baterías. El objetivo principal es aplazar dos años, hasta el 18 de agosto de 2027, la fecha de aplicación de las correspondientes obligaciones de diligencia debida, con el fin de que los productores y exportadores de pilas o baterías dispongan de más tiempo para prepararse. El aplazamiento también ofrecerá más tiempo para la creación de organismos responsables de la verificación por terceros, al haberse detectado varios problemas en su proceso de autorización.
Además, la Comisión tendrá que publicar las directrices de diligencia debida un año antes de que las obligaciones surtan efecto, a fin de orientar a las empresas con la suficiente antelación y de ayudar a que la aplicación de las nuevas normas sea más fluida.
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