El almacenamiento residencial generaría unos 1.500 millones anuales de ahorros al sistema eléctrico

Poner baterías detrás del contador, es decir, en los hogares, compartidas entre vecinos de una misma comunidad, incluso en un pueblo o entre varias empresas en un polígono industrial podría proporcionar muchísimos ahorros a los costes del sistema eléctrico y por tanto a la factura eléctrica de todos los españoles.

Es el resultado del informe EBAFLEX (Electrificación, Baterías y Flexibilidad), una iniciativa coordinada por la consultora Samso e impulsada por UNEF, AEPIBAL, Octopus Energy, Pimec, Ampere Energy, Beeplanet, Circutor, Cegasa, Riello Solartech Spain, sonnen y TABSpain que pretende evaluar en un estudio realizado la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) los beneficios de la flexibilidad distribuida (entendiendo la misma como la combinación de baterías descentralizadas y gestión activa de la demanda) en el sistema eléctrico, así como su impacto económico.

Para ello se ha realizado una prospectiva del impacto en el sistema eléctrico de la flexibilidad mediante baterías y la respuesta de la demanda.

En primer lugar, se han evaluado los beneficios de esta flexibilidad en el mercado mayorista, cuantificando los beneficios para diferentes niveles de penetración en la operación del sistema, el coste a los consumidores y las emisiones asociadas del sistema.

En segundo lugar, se han analizado los ahorros en inversiones necesarias en redes de distribución que se pueden alcanzar con distintos niveles de adopción de ambas tecnologías, gestión de la demanda y baterías distribuidas, escalando los ahorros obtenidos en redes representativas a nivel peninsular en España.

Para el desarrollo del estudio se han definido una serie de escenarios proyectados para el año 2030 que incorporan las previsiones de generación y demanda establecidas en el PNIEC y el TYNDP (Escenario a 10 años). Están construidos mediante un modelo que planifica la capacidad de generación de punta y el almacenamiento mediante baterías, y considera una penetración de gestión de la demanda dada.

Un escenario central

El estudio asegura que el almacenamiento distribuido junto a una gestión de la demanda podría generar unos ahorros al sistema eléctrico de cerca de 1.500 millones de euros al año.

Concretamente, en un escenario central se han considerado para 2030 un despliegue de baterías de 5 GW (centralizadas) y 1,4 GW (distribuidas) junto con una repuesta de la demanda residencial y comercial del 20%.

Con ello, el sistema se ahorrarían 1.447 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, un 31,7%, cuantificados en ahorros en anualidades de CAPEX de tecnologías punta (turbinas de gas en ciclo abierto) que serían unos 355 millones al año, y en costes variables del sistema: combustible, arranque/parada, O&M, emisiones y menores vertidos, unos 1.092 millones de euros al año.

Para el caso de la distribución del sistema, y con este mismo escenario, esta flexibilidad distribuida generaría para la red de distribución unos ahorros de 375 M€/año (77%), cuantificados en ahorros en anualidades de CAPEX y Operación & Mantenimiento de las nuevas infraestructuras en redes de distribución necesarias para cubrir el incremento de demanda pico esperado.

Medidas fiscales

Se plantea una batería de medidas fiscales orientadas al impulso de las baterías de almacenamiento distribuido de energía eléctrica.

Estas incluyen: la bonificación del Impuesto de Sociedades, Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, una reducción del IVA y una potencial bonificación del IBI.

En el caso del Impuesto de Sociedades, se plantea permitir la libertad de amortización de las inversiones realizadas en baterías eléctricas, lo que facilitaría su integración por parte del tejido empresarial.

En el IRPF, se contemplan dos posibles incentivos: por un lado, la reducción de la base imponible general en caso de instalación de baterías en viviendas, y por otro, la deducción en la cuota íntegra estatal por dicha instalación.

Respecto al IVA, se propone aplicar el tipo reducido del 10% al suministro e instalación de baterías eléctricas en viviendas dentro del marco de obras de renovación o reparación. Asimismo, se plantea extender el IVA reducido al almacenamiento vinculado al autoconsumo.

Por último, en relación con el IBI, se sugiere permitir una bonificación de entre el 50% y el 90% de la cuota íntegra para los inmuebles que incorporen sistemas de almacenamiento distribuido.

Impacto económico

Con todo ello, también se ha realizado una estimación del impacto económico del almacenamiento distribuido en España en el horizonte 2030 y de las medidas fiscales propuestas para su impulso. Para ello han contado con la ayuda de FEGiCAT quien ha realizado las cuentas del impacto.

Según el informe EBAFLEX, alcanzar unos 4,4 GW de potencia en baterías detrás del contador entre 2025 y 2030 supondría movilizar una inversión de 3.290,70 millones de euros en total, con una contribución destacada del sector residencial (2.085,65 millones). La ocupación directa generada para alcanzar esa potencia se estima en 15.238 empleos anuales, lo que supondría una recaudación adicional por IRPF de 75,43 millones anuales.

Con todo ello, el Gobierno no notaría una reducción de sus ingresos fiscales.

El informe EBAFLEX también incluye una serie de propuestas, elaboradas por Samso junto a la UPV para que esta flexibilidad distribuida se pueda llevar a cabo en España.

Además, el informe busca proponer una serie de cambios normativos que permitan hacer realidad esta flexibilidad dentro del sistema energético.

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