La Comisión Europea adoptó la pasada semana la legislación secundaria derivada de la Ley de Industria Neto Cero para ayudar a Europa a producir al menos el 40% de sus necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas, incluidos módulos fotovoltaicos, baterías y bombas de calor. Esta nueva regulación establece las normas para los Estados miembros sobre cómo recompensar la sostenibilidad y la resiliencia en las subastas de renovables.
«Estas normas aclaran qué proyectos de fabricación pueden beneficiarse de disposiciones específicas de la Ley, como las relativas a la concesión de permisos, el estatus de proyecto estratégico y los criterios no relacionados con el precio», señala la Comisión en un comunicado, en el que explica que los criterios no relacionados con el precio para las subastas de energías renovables en los Estados miembros de la UE incluirán la conducta empresarial responsable, la ciberseguridad y las contribuciones a la sostenibilidad y la resiliencia. Estas normas entrarán en vigor a finales de 2025 y deberán aplicarse al menos al 30% de los volúmenes subastados, o a 6 GW al año por país.
Las disposiciones también enumeran los productos de tecnología neta cero elegibles, identifican las dependencias de terceros países para determinadas tecnologías y definen los proyectos de fabricación neta cero elegibles para el estatus de «proyecto estratégico».
La asociación solar europea SolarPower Europe afirma que «esperamos ver las primeras subastas en virtud de la Ley en 2026 y animamos a los Estados miembros a aplicar efectivamente los principios de resiliencia, incluidas las primas para los paneles solares fabricados en Europa. Con los fabricantes de energía solar en peligro, no hay tiempo que perder».
La NZIA obliga a agilizar la concesión de permisos para todas las tecnologías renovables y de almacenamiento de energía, estableciendo plazos máximos de autorización en función del alcance y la producción del proyecto. La legislación también establece Valles de Aceleración Neto Cero, en los que los Estados miembros se encargarán de parte de la recopilación de pruebas de evaluación ambiental para agilizar las autorizaciones.
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