Reducir el número de personas afectadas por la pobreza energética y que, a través del uso de energías renovables, puedan calentar y enfriar sus hogares, disponer de agua caliente o iluminar sus viviendas, mejorando así su calidad de vida y su salud es el objetivo principal del proyecto POWERTY “Renewable energies for vulnerable groups”, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y que ha sido aprobado recientemente por la Comisión Europea en el marco del Programa Interreg Europe 2014-2020.
Con un presupuesto de 1.102.291 euros (el 83,6% cofinanciado por la Comisión Europea) y una duración de tres años y medio, POWERTY diseñará un plan de acción para cada una de las regiones involucradas en el proyecto, que abordará retos en 4 ámbitos: tecnológico, financiero, regulatorio y social.
Junto a la Agencia Andaluza de la Energía, participa en el proyecto el consorcio de la Universidad de Manchester, que lidera el Observatorio Europeo de Pobreza Energética, iniciativa impulsada por la Comisión Europea y encargada de analizar todas las iniciativas europeas en el ámbito de la pobreza energética. El resto de socios del proyecto son la Agencia de Energía de Plovdid (EAP) en Bulgaria (uno de los países europeos con las tasas más altas de pobreza energética), la Agencia de Medio Ambiente y Energía de la región de Auvergne Rhône-Alpes (AURA-EE) de Francia, Agglomeration Opole Trust (AOT) (una federación de 20 municipios de Polonia) y la Agencia de Desarrollo de Inversiones Públicas de Lituania (VIPA).
Además de los socios, también tendrán un papel relevante los “stakeholders”, entidades públicas o privadas que desarrollan una actividad relacionada directamente con la temática del proyecto. En el caso de Andalucía, participan la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que es además el representante español en el Observatorio Europeo de Pobreza Energética o la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), así como organizaciones de consumidores, cooperativas energéticas, entidades sin ánimo de lucro, empresas energéticas, universidades andaluzas y centros de investigación y entidades de financiación de la “banca ética”, entre otros.
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