Ampliado hasta los 5 kilómetros el límite al autoconsumo, una las medidas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo

El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del RDL 7/2026 por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros con medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. Se trata de un Real Decreto-ley con más de 80 medidas que implica la movilización de más de 5.000 millones de euros con un doble enfoque: respuesta inmediata y transformación estructural del sistema energético.

En el corto plazo, el paquete introduce una reducción significativa de la fiscalidad energética para contener los precios finales. Destaca la rebaja del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas natural y carburantes, junto con la reducción al mínimo legal del impuesto de hidrocarburos, lo que se traduce en descensos de hasta 30 céntimos por litro en combustibles. En el ámbito eléctrico, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al 0,5%. También se congelan los precios del butano y el propano.

Para los sectores más expuestos al coste energético —transporte, agricultura, ganadería y pesca— se establece una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, además de apoyos específicos como subvenciones para fertilizantes. Paralelamente, se refuerza la supervisión del mercado por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar comportamientos especulativos.

También se prorroga durante 2026 el denominado “escudo social energético”, que incluye descuentos del bono social eléctrico del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, así como la prohibición de cortes de suministro. En el ámbito industrial, se aplica una reducción del 80% en los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos, lo que implica un ahorro estimado de 200 millones de euros.

Soberanía energética

En paralelo, el segundo eje del plan introduce medidas estructurales orientadas a reforzar la soberanía energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Entre ella, se impulsa la electrificación de la demanda mediante incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a otras bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética.

En el Impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Acceso y conexión

El nuevo marco regulatorio incluye la aprobación de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) y redefine el régimen de acceso y conexión a red, especialmente para instalaciones de almacenamiento y demanda, con el objetivo de optimizar el uso de la capacidad disponible y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

En el caso del almacenamiento, el régimen de garantías queda vinculado exclusivamente a los permisos de acceso y conexión asociados a generación. Se establece, además, la caducidad automática de dichos permisos en caso de impago, junto con un régimen transitorio que permite la renuncia voluntaria a permisos preexistentes sin ejecución de garantías, facilitando así la liberación de capacidad bloqueada.

Para las instalaciones de demanda, se refuerzan los hitos intermedios obligatorios entre la obtención del permiso y su caducidad (actualmente fijada en cinco años), que actúan como mecanismos de verificación del avance real de los proyectos. Estos incluyen: el pago del 10% del coste de la posición en la red de transporte en un plazo máximo de 12 meses, la firma del contrato de Encargo de Proyecto en un máximo de tres años y la formalización del contrato técnico de acceso en un plazo de cuatro años. El incumplimiento de estos hitos permite liberar capacidad de forma anticipada, evitando bloqueos prolongados y favoreciendo la electrificación de la demanda.

También se introduce la obligación de declarar el código CNAE de la actividad asociada a las instalaciones de consumo, con el fin de garantizar que solo proyectos con suficiente madurez accedan a la red. La falta de correspondencia entre la actividad declarada y la real conlleva la pérdida de los permisos de acceso.

El decreto también aborda prácticas especulativas en infraestructuras de evacuación compartidas, donde algunos promotores solicitaban accesos de demanda de baja potencia para bloquear capacidad. Estas prácticas quedan limitadas al considerarse ineficientes y no alineadas con necesidades reales del sistema.

Adicionalmente, se incorpora la figura del acceso flexible, que permite la conexión de consumos modulables y sistemas de almacenamiento bajo condiciones variables de disponibilidad de red, frente al modelo tradicional de acceso firme. Este enfoque facilita el aprovechamiento de capacidad ociosa y habilita nuevos proyectos de electrificación.

Finalmente, se establecen criterios de priorización para el acceso a red, favoreciendo consumos considerados estratégicos, como vivienda, servicios públicos, ampliaciones industriales y proyectos vinculados a procesos de electrificación. En conjunto, estas medidas buscan un sistema de acceso más dinámico, transparente y alineado con los objetivos de transición energética.

Autoconsumo y comunidades

Se amplía la distancia máxima permitida entre generación y consumo para el autoconsumo colectivo hasta 5 kilómetros y se habilita la posibilidad de compatibilizar distintas modalidades de autoconsumo, lo que permitirá desarrollar nuevos modelos de suministro energético de proximidad en barrios, municipios o polígonos industriales.

Además, se crea la figura del gestor de autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico, con el fin de facilitar la gestión colectiva de las instalaciones de autoconsumo compartido, y se libera el 10 % de la capacidad reservada para concursos de generación para que se
destine a este tipo de instalaciones.

Por otra parte, se adoptan medidas para el impulso de las comunidades energéticas, como aportar nuevas herramientas a las entidades locales para promover el autoconsumo, la transición energética o el impulso o la participación en comunidades energéticas en su territorio. Igualmente, se reserva parte de la capacidad en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios.

Adicionalmente, se introduce la obligación de los productores de energía eléctrica de trasladar una parte de los beneficios de los los proyectos a los ciudadanos y comunidades locales próximos a los mismos.

Ante la votación esta semana del RDL, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) «hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que lo apoyen, al constituir una oportunidad decisiva para consolidar un marco regulatorio que permita aprovechar plenamente el potencial de las energías renovables y del almacenamiento energético para la soberanía y seguridad energética de nuestro país», explican. “Las renovables están protegiendo a nuestros ciudadanos ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo por esta crisis. El impulso a las energías renovables debe ser una apuesta estratégica de país. Avanzar de forma decidida en la electrificación nos permitirá aprovechar todo el potencial de la energía barata y autóctona que nos proporcionan las renovables”, ha comentado José Donoso, director general de UNEF.

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