La actualización preliminar del estado de las solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica en 2025 confirma la persistencia de una restricción estructural en el sistema eléctrico español: solo el 12% de la potencia solicitada ha obtenido acceso, un porcentaje prácticamente idéntico al registrado en 2024.
En concreto, durante 2025 se han solicitado en torno a 40 GW de acceso y conexión. De este volumen, únicamente 4,5 GW han sido concedidos, mientras que aproximadamente 25 GW, equivalentes al 66%, no han podido ser atendidos por falta de capacidad en la red. El 22% restante, unos 8,5 GW, permanece en tramitación. Estos datos reflejan un nivel de saturación que limita de forma severa la incorporación de nueva demanda eléctrica.
La reciente publicación de los mapas de capacidad ha supuesto un avance relevante en términos de transparencia y planificación. No obstante, esta mayor visibilidad también está teniendo un efecto disuasorio: proyectos industriales que identifican ausencia de capacidad en sus zonas de interés optan por no iniciar siquiera el procedimiento de solicitud, al conocer de antemano su inviabilidad técnica. Esto refuerza la idea de que el problema no reside en los procesos administrativos ni en la falta de información, sino en la insuficiencia física de la red de distribución.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), a la que pertenecen Iberdrola, Endesa y EDP España, señala al respecto que «el impacto de esta situación resulta especialmente crítico para la industria ya implantada. Empresas localizadas en determinados nodos de la red ven bloqueadas o severamente limitadas sus posibilidades de electrificar procesos productivos, incorporar nuevas líneas de actividad o mejorar su eficiencia energética. Esta restricción afecta directamente a su competitividad, a su capacidad de crecimiento y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización».
Según la Asociación, los datos evidencian la necesidad urgente de reforzar y ampliar la red de distribución para atender una demanda de electrificación que ya es real y creciente. Para ello, resulta imprescindible un marco regulatorio y retributivo que incentive la inversión, y solicita una tasa de retribución financiera suficiente, no inferior al 7%, alineada con el coste del capital y competitiva frente a otros mercados europeos.
Estas decisiones, actualmente en el ámbito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras el dictamen del Consejo de Estado, serán determinantes. Sin una actuación ágil y eficaz, la electrificación de la industria, la vivienda, el almacenamiento y la movilidad eléctrica quedará limitada, desaprovechando el potencial renovable y restringiendo el crecimiento económico de España.
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