España se juega su capacidad de electrificar la economía en la próxima década. Para atender la demanda industrial creciente será necesario invertir 53.000 millones de euros en redes eléctricas, lo que supone triplicar el ritmo inversor del periodo 2021-2025, según las reflexiones de PwC sobre la segunda audiencia de la propuesta de metodología de cálculo de la retribución de distribución eléctrica. El desafío no es solo técnico: es regulatorio, financiero y de coherencia institucional.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado pasos relevantes. Su proyecto de Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución introduce un incremento excepcional del 62 % en los límites de inversión, con el foco puesto en la electrificación de la demanda y las inversiones anticipatorias. Se trata de un movimiento bien recibido por la industria, que lo interpreta como un acercamiento entre la regulación y las necesidades reales de la economía productiva, especialmente en un momento de tensiones por el acceso a la red.
A la vez, el MITECO ha presentado las líneas generales de la Planificación eléctrica de transporte a 2030, positiva en sus objetivos, aunque todavía con poco peso para la conexión de nueva demanda en distribución. Pero la otra gran pieza del rompecabezas sigue pendiente: un marco retributivo estable, predecible y atractivo para las empresas que gestionan y operan las redes eléctricas. Sin una tasa de retorno razonable y alineada con el riesgo de la actividad, los ambiciosos planes de inversión anunciados se quedarán sobre el papel.
El pasado julio, la CNMC sometió a audiencia su propuesta de Circular de metodología retributiva para la distribución eléctrica (2026-2031), sin esperar las orientaciones políticas del MITECO. El texto introducía un modelo rupturista que limitaba el reconocimiento de inversiones al crecimiento de la demanda y reducía significativamente los costes operativos (OPEX), generando incertidumbre y menor atractivo inversor. Este enfoque chocaba con el espíritu del Proyecto de Real Decreto, que busca precisamente impulsar la inversión y diferenciar entre reposición y expansión de red.
Tras el informe preceptivo del MITECO —que valora la propuesta, pero pide más coherencia con la planificación estatal—, la CNMC ha abierto un segundo trámite de audiencia incorporando algunas mejoras. Sin embargo, persisten aspectos críticos.
Entre ellos, la necesidad de alinear el modelo retributivo con el Real Decreto y con la planificación estatal; de revisar el parámetro de sostenibilidad K, hoy fijado en 232 €/kW, hasta acercarlo al coste real de red (≈375 €/kW según AELEC); y de moderar el recorte del 38 % en los costes reconocidos —25 % en OPEX más 13 % por no reconocer la inflación—, ya que podría traducirse en menor mantenimiento preventivo y, en consecuencia, peor calidad de suministro.
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