La Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), junto con la delegación de UNEFCAT (Unión Española Fotovoltaica en Cataluña) han presentado este 17 de septiembre en el Parlament de Catalunya un acuerdo de país que propone una vía consensuada para compatibilizar el despliegue de la energía fotovoltaica con la preservación de los espacios de regadío.
La iniciativa nace con la voluntad de superar el bloqueo institucional generado después de que, el pasado mes de julio, el Parlamento no ratificara el Decreto ley 12/2025, que pretendía establecer un nuevo marco legal para la tramitación de proyectos de energías renovables, incluyendo la autorización de plantas fotovoltaicas en terrenos de regadío y el despliegue de instalaciones para el almacenamiento de energía.
El acuerdo presentado este miércoles establece que, a partir de la aprobación de un nuevo decreto que sustituya el 12/2025 derogado, los nuevos proyectos fotovoltaicos no podrán instalarse en suelos de regadío, tanto si son operativos, en proceso de desarrollo o previstos dentro del Plan de Regadíos de Cataluña. Esta medida quiere garantizar la protección de los espacios agrarios estratégicos, esenciales para la soberanía alimentaria y la cohesión territorial.
Sin embargo, se contemplan excepciones específicas y controladas, para dar cabida a casos de interés particular o innovador:
- Autoconsumo agrario y agrovoltaica regulada, siempre que cumpla los criterios técnicos que establezca la Generalitat.
- Proyectos pequeños o individuales tramitados por vía de urgencia, tal como prevé el artículo 14 bis del Decreto Ley 16/2019.
- Terrenos de regadío abandonados durante más de cinco años, o bien que no hayan sido activados en los últimos diez años.
- Zonas de secano dentro de áreas de regadío, siempre que se pueda garantizar una compensación territorial equilibrada y no afecte superficies realmente regables.
Además, se permitirán y se facilitarán proyectos fotovoltaicos en infraestructuras vinculadas al regadío, como canales o balsas de riego, considerándolos de bajo impacto y sujetas a una tramitación simplificada.
El acuerdo también protege los derechos urbanísticos y fiscales: se explicita que la declaración de interés público superior no podrá justificar expropiaciones forzosas, ni vulnerar los usos del planeamiento urbanístico vigente, ni evitar el pago de impuestos o tributos.
En cuanto a los derechos adquiridos, se establece que los proyectos con acceso y conexión ya otorgados antes de la derogación del DL 12/2025 no se verán afectados por estas nuevas condiciones.
Finalmente, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con representantes de ACATCOR, UNEFCAT y de la Administración para velar por el despliegue correcto de este marco regulador, garantizando transparencia y diálogo permanente entre sectores.
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