CBAM: impacto y retos para el sector fotovoltaico

La entrada en vigor definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) el 1 de enero de 2026 no es ya una previsión, sino una realidad inminente que transformará de manera estructural el comercio internacional y las cadenas de suministro de sectores estratégicos. Teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa que nace para garantizar que los bienes importados soporten unos estándares de sostenibilidad comparables a los que ya cumplen los productores europeos, asegurando una competencia más igualitaria para todos, su aplicación trasciende el mero debate regulatorio para situarse en el centro de la planificación económica de aquellas empresas que dependen de materias primas intensivas en emisiones. Hoy sabemos que su alcance no será menor y que tendrá efectos directos en los balances y en las cuentas de resultados de las empresas, desde 2026 en adelante, por lo que conviene analizarlo con rigor.

Por suerte, la experiencia más reciente permite realizar estimaciones. Desde su fase transitoria, iniciada en octubre de 2023, el CBAM ha funcionado como un banco de pruebas para algunos sectores específicos y para la propia Comisión Europea. Estos primeros ejercicios han permitido afinar metodologías de cálculo, detectar ineficiencias administrativas y recopilar datos valiosos sobre flujos de importación y perfiles de emisiones en productos siderúrgicos. La experiencia acumulada anticipa un escenario de cierta exigencia. En la fase definitiva, las obligaciones de declaración y pago se consolidarán y las compañías deberán prever con precisión nuevos cálculos de costes que pueden entrañar ciertas dificultades y provocar malentendidos.

El impacto económico en las estructuras fotovoltaicas

Si centramos el foco en el sector de la energía solar fotovoltaica, el CBAM tendrá un impacto directo y cuantificable en el coste de las estructuras de acero que forman los seguidores solares. Con los datos que manejamos en UNESID, y tomando como referencia las características habituales de las instalaciones en España, podemos estimar que cada megavatio (MW) de potencia instalada requiere, de media, unas 50 toneladas de acero. Considerando que el precio actual del carbono en el mercado europeo de derechos de emisión se mueve en el entorno de los 70 euros por tonelada, el ajuste en frontera supondría en 2026 un sobrecoste aproximado de 2.500 euros por cada MW de nueva capacidad instalada.

Estas cifras, no obstante, deben entenderse como estimaciones de referencia sujetas a variaciones en función de diferentes parámetros. Entre los más relevantes destacan las emisiones reales del acero importado, que pueden situarse por encima o por debajo de las 2,1 toneladas de CO₂ por tonelada de acero que utilizamos como hipótesis base; el benchmark europeo, que se publicará en este otoño; o la evolución del precio del CO₂, un mercado que en estos años ha mostrado oscilaciones significativas y cuya volatilidad condicionará el impacto económico final. Lo que sí sabemos es que el coste subirá año tras año con la aplicación del factor que reduce el benchmark.

En cualquier caso, en un sector donde el uso de estructuras de acero importado es habitual, estas cifras representan un factor adicional que deberá integrarse en los cálculos de inversión y en la planificación financiera de los proyectos, especialmente en un contexto de fuerte instalación de capacidad fotovoltaica en España.

Retos y ajustes necesarios

Desde el punto de vista financiero, aunque el pago de los certificados no será exigible hasta 2027, la deuda asociada a las importaciones realizadas en 2026 deberá reflejarse ya en los balances desde el primer ejercicio, lo que obliga a planificar con precisión la gestión de tesorería y el aprovisionamiento de recursos.

En el plano técnico, será fundamental optimizar el diseño de las instalaciones para reducir el peso de acero por megavatio instalado, de modo que se minimice el impacto del ajuste. Esta estrategia incentiva una selección más exigente de proveedores, incorporando de forma sistemática criterios de emisiones en los procesos de compra para acceder a aceros con menor huella de carbono y, por tanto, a menores costes CBAM.

Tampoco puede obviarse la eficiencia logística. Analizar alternativas como la importación de bobinas para su procesado local, en lugar de estructuras ya terminadas, puede contribuir a reducir las emisiones asociadas al transporte y, con ello, parte de los costes derivados del mecanismo.

Pero, más allá de su componente estrictamente económico, el CBAM debe entenderse también como una palanca de transformación. Anticiparse a sus exigencias no solo permitirá a las empresas mitigar riesgos, sino también posicionarse en una cadena de valor cada vez más orientada hacia la descarbonización y la eficiencia.

El CBAM es, ante todo, un incentivo para acelerar la descarbonización de la cadena de valor industrial, promoviendo una transición ordenada hacia materiales más sostenibles y procesos más eficientes. Para la industria siderúrgica española, que lleva años invirtiendo en innovación y reducción de emisiones, este nuevo marco regulatorio también es una oportunidad para reforzar su competitividad en el mercado interior europeo.

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Alfonso Hidalgo de Calcerrada es Director de Estudios Económicos en Unesid, donde desde hace más de 15 años lidera el análisis macroeconómico y sectorial de la siderurgia. Ingeniero Agrónomo por la ETSI de Madrid, MBA por IE Business School y MSc en Finanzas por Birkbeck (University of London), ha sido recientemente nombrado presidente del Comité Económico de la World Steel Association, un hito que lo convierte en el primer español en ocupar esa posición.

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