La tribuna de UNEF: Renovables y desarrollo rural: ¿amenaza u oportunidad?

En los últimos años han cobrado fuerza algunas voces críticas con el despliegue territorial de las energías renovables. En muchos casos, estos discursos se sustentan en percepciones subjetivas, prejuicios y una notable falta de datos contrastados. Estas narrativas han alimentado —y en ocasiones legitimado— un discurso de fondo neo-negacionista, que, en la práctica, contribuye a perpetuar el statu quo de los combustibles fósiles, presentándolos incluso como garantes de la estabilidad del sistema energético. Esta paradoja, carente de base empírica, ha calado de forma preocupante en parte de la opinión pública.

Frente a este clima de desinformación, cada vez más las personas e instituciones del propio medio rural defienden, desde la experiencia directa, que las renovables no son una amenaza, sino una oportunidad para la revitalización de la España rural. Esa convicción se ha visto reforzada con la publicación del estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo era claro: medir de forma rigurosa los impactos socioeconómicos reales de la fotovoltaica en municipios rurales pequeños y medianos. Hasta ahora, solo disponíamos de estimaciones. Hoy, por primera vez, tenemos datos concretos.

El análisis, que bebe de fuentes oficiales, aplica un modelo de control sintético a seis municipios con plantas en funcionamiento durante al menos 1,5 años de operación, para aislar los efectos de las inversiones FV. El estudio demuestra que las plantas solares no solo no empobrecen el entorno, sino que, cuando se gestionan bien, reactivan la economía local, mejoran los servicios y ayudan a fijar población.

En los municipios estudiados, los ingresos municipales por ICIO, IAE e IBI han aumentado entre un 9% y un 13,5%. Esto ha permitido elevar el gasto público por habitante entre un 4,4% y un 9,5%, según el caso. Pero el impacto no depende solo de los recursos: también de la capacidad institucional para gestionarlos. Muchos pequeños ayuntamientos carecen del personal y los medios para planificar de forma estratégica este aumento presupuestario. En cambio, donde sí existe esa capacidad o en aquellos municipios donde se ha puesto énfasis en esta gestión, los resultados son notables.

El caso de Alcázar de San Juan es paradigmático. Ha multiplicado por tres el impacto inicial mediante cofinanciación europea y ha invertido en autoconsumo para edificios municipales, reduciendo un 34,5% el consumo energético del ayuntamiento. También ha incentivado el autoconsumo ciudadano mediante bonificaciones fiscales, ha mejorado servicios, ha revertido la despoblación y ha reactivado su economía local.

Pero Alcázar no está solo. En Carmona, la instalación de plantas solares ha propiciado un notable crecimiento del tejido empresarial local, con un aumento del 13,3% en el número de empresas entre 2014 y 2023. En Belinchón (Castilla-La Mancha), los ingresos se han traducido en becas escolares, rehabilitación de viviendas, fomento del alquiler social y mejora de infraestructuras. Muchos ayuntamientos también han apostado por inversiones que dejan beneficios a largo plazo, como la instalación de sistemas de autoconsumo en escuelas, bibliotecas o piscinas municipales.

Frente al bulo de que las plantas fotovoltaicas deprimen el valor de la vivienda, los datos también contradicen esa idea: en los municipios estudiados, el precio de la vivienda ha aumentado de media un 3%, consolidando una mejora patrimonial para las familias locales.

El empleo también se ve favorecido. Las plantas generan empleo directo durante la construcción, pero también inducido en sectores como el transporte o la hostelería. En los municipios analizados, el desempleo se reduce entre 1 y 2 puntos y la población aumenta entre un 3% y un 8%. La fotovoltaica está actuando, de facto, como un dique de contención frente a la despoblación.

Eso sí: nada de esto ocurre de forma automática. Los proyectos que funcionan mejor son aquellos donde ha habido un acercamiento temprano a la población local, con jornadas informativas, convenios con los ayuntamientos y programas de formación. En Totana (Murcia), la planta organizó un Open Day al que asistieron más de 200 personas. En San Agustín de Guadalix (Madrid), se ofrecieron formaciones de 8 semanas. En Talayuela (Cáceres), se crearon 900 empleos, de los cuales 262 fueron ocupados por trabajadores locales.

Estos casos demuestran que, con voluntad de diálogo, planificación y mirada a largo plazo, las plantas fotovoltaicas pueden integrarse de forma armónica en el territorio, generando empleo digno, fortaleciendo el capital humano y mejorando la percepción social del desarrollo renovable. Para que la transición energética genere arraigo real en el medio rural, hacen falta tres elementos: participación temprana, corresponsabilidad institucional y beneficios públicos tangibles para la población. Y, sobre todo, voluntad política para replicar —o adaptar— lo que ya sabemos que funciona.

La conclusión es clara: la transición energética no solo debe descarbonizar la economía. También puede —y debe— mejorar la vida de la gente, así como proteger y revitalizar su entorno natural y su patrimonio cultural. Y en el medio rural, bien hecha, puede marcar un antes y un después. Es una herramienta de desarrollo económico, de cohesión territorial y de justicia intergeneracional.

No todos los proyectos son modélicos, ni todos los municipios saben cómo gestionarlos. Pero este estudio demuestra que hacer bien las cosas no solo es posible: también marca la diferencia.

Martín Behar, director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.
*Foto: cedida*

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