La Comisión Europea publica orientaciones para invertir en las redes eléctricas del futuro

La Comisión Europea ha presentado un documento de orientación sobre inversiones anticipadas para el desarrollo de redes eléctricas con visión de futuro. Señala que el sistema eléctrico europeo se basa en redes construidas en su mayor parte, de forma anticipada, en los años setenta y ochenta para los tipos de capacidades de generación tradicionales de la época. Estas redes necesitan modernizarse y renovarse, pero también ampliarse urgentemente para hacer frente a las complejidades actuales de la transición energética, tanto a nivel de transmisión como de distribución.

Se estima que entre el 40 % y el 55 % de las líneas de baja tensión tendrán más de 40 años en 2030, mientras que su longitud total solo aumentó un 0,8 % entre 2021 y 2022. Además, la transformación de nuestros sistemas energéticos hacia fuentes de energía limpias y los largos plazos que tradicionalmente se requieren para desarrollar proyectos de red provocan importantes retrasos en la conexión a la red. En el caso de los parques eólicos, el acceso a la red puede tardar hasta nueve años.

Las presentes Orientaciones sobre inversiones anticipadas apoyan a los Estados miembros, a las autoridades reguladoras nacionales y a los operadores de sistemas de distribución y transporte con recomendaciones para actuar en todo el proceso que conduce a una decisión final de inversión.

Se necesitan inversiones de 730 000 millones de euros para la distribución y 472 000 millones de euros para el desarrollo de la red de transporte hasta 204012 para avanzar en el mercado interior de la energía y ampliar la capacidad de la red, lo que permitirá conectar nuevos proyectos de generación limpia y de bajo coste marginal que reducirán los precios medios mayoristas de la electricidad. El aumento de la inversión en las redes permite reducir a medio plazo la factura de los consumidores, al proporcionar la capacidad necesaria para integrarla nueva generación de bajo coste y reducir los costes generales del sistema.

El documento recoge tres razones principales que justifican la necesidad de realizar estas inversiones de forma anticipada:

Las redes insuficientemente dimensionadas provocan plazos más largos para las conexiones a la red, lo que retrasa la electrificación y el despliegue de fuentes de energía limpia. Esto se debe a que los plazos de desarrollo de las redes son más largos que los de los activos de generación y demanda. Los proyectos de red son complejos y, con frecuencia, se extienden por varias regiones o varios Estados miembros o terceros países. Esta complejidad aumenta los plazos de desarrollo de los proyectos. Los plazos de ejecución de los proyectos de red pueden prolongarse hasta 8-10 años para los proyectos de redes de distribución y más de una década para los de transporte. Además, debido a la insuficiente capacidad de fabricación nacional, los precios y los plazos de espera para los nuevos transformadores y cables casi se han duplicado en comparación con la situación en 2021-2022, tardando entre dos y tres años en adquirir cables y hasta cuatro años en conseguir grandes transformadores de potencia.
En determinadas aplicaciones, dimensionar activos más grandes puede suponer un ahorro de costes por MW de la capacidad de la red y, potencialmente, también permitir mejores acuerdos con los proveedores de tecnología. demás, en muchos lugares, la inversión insuficiente en infraestructura de red puede resultar más costosa para la sociedad a medio plazo que realizar inversiones anticipadas bajo un escrutinio controlado y procesos de gestión de riesgos.
Por último, las inversiones anticipadas permiten utilizar un único proceso de concesión de permisos tanto para las necesidades inminentes como para las futuras, lo que acelera el desarrollo de la red y mejora la aceptación pública.

Según el documento, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Portugal han llevado a cabo mejores prácticas en la planificación del desarrollo de redes para permitir inversiones anticipadas.

El documento presenta recomendaciones concretas en tres áreas principales: planificación de la red eléctrica, control regulatorio y costos e incentivos.

La Comisión Europea invita a los países de la UE y a las Autoridades Reguladoras Nacionales a tener en cuenta estas directrices al diseñar los marcos nacionales para la planificación de la red eléctrica, las tarifas de conexión y las tarifas de red, así como para la aprobación de los costes regulatorios.

La planificación de la red eléctrica debe basarse en escenarios sólidos de demanda y generación futuras, considerando las estrategias energéticas y climáticas, incluidos los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). Los períodos de planificación deben ser suficientemente amplios y las partes interesadas deben participar en las primeras fases del proceso para captar adecuadamente las necesidades futuras.

El documento indica que las Autoridades Reguladoras Nacionales deben contar con la experiencia y el personal necesarios para evaluar los planes de desarrollo de la red, incluso a nivel de distribución, y decidir sobre la concesión de incentivos para dichas inversiones. Asimismo, deben garantizar que el marco regulatorio sea estable y equilibrado para los promotores de proyectos y los clientes finales.

Además, el documento añade que para las inversiones anticipadas debe establecerse con suficiente antelación una asignación clara del riesgo relacionado con la utilización futura del activo. Y que podría considerarse un proceso de aprobación en dos etapas para acelerar los proyectos de red, minimizando al mismo tiempo el riesgo y los costes, que abarca en primer lugar el diseño y tramitación de permisos, y en segundo lugar la construcción. Una vez aprobados los activos, el documento indica que su remuneración no debe cuestionarse retroactivamente, por ejemplo, si la tasa de utilización inicial del activo en cuestión es inferior a la prevista.

En cuanto a las tarifas de red y los cargos de conexión, la guía señala que los cargos que reflejan no solo la capacidad de red existente, sino también la inversión planificada, podrían atraer nueva generación y nuevas cargas a lugares donde la red está preparada o lo estará en un futuro próximo.

Por último, el documento sugiere que podría considerarse el uso de garantías estatales o del presupuesto público para cubrir los costes adicionales derivados de las medidas para acelerar la descarbonización y la integración del mercado, incluidas las inversiones anticipadas, de conformidad con el marco regulatorio y las normas sobre ayudas estatales.

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