El pasado 17 de octubre se modificó el Real Decreto 1048/2022, incorporando por primera vez en la normativa nacional la elegibilidad de las superficies agrivoltaicas. Esta reforma, que será de aplicación a partir de la campaña de solicitud única de 2026, introduce de forma explícita la figura de las instalaciones agrivoltaicas dentro del sistema de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).
El nuevo artículo 9.12 es claro: mientras las instalaciones fotovoltaicas convencionales se consideran superficies improductivas —y, por tanto, no elegibles—, las parcelas con sistemas agrivoltaicos podrán mantener su condición de admisibles hasta el cien por cien de la superficie, siempre que la actividad agrícola sea predominante. Con ello, la PAC pasa a reconocer la complementariedad entre producción agraria y generación solar, un cambio largamente trabajado por el sector fotovoltaico.
El impacto real de esta medida aún es difícil de cuantificar en hectáreas, pero sí se pueden anticipar sus primeras líneas de aplicación. La mayoría de proyectos agrivoltaicos con cultivos hortícolas en España son pilotos pequeños y de corta duración, por lo que su integración dependerá de contar con contratos plurianuales o ciclos de cultivo estables que demuestren cierta permanencia. En cambio, los cultivos leñosos —como frutales, viñedos u olivares— ofrecen una mayor continuidad agronómica y, por tanto, facilitan la acreditación del mantenimiento efectivo de la actividad agrícola. Es previsible que sean los primeros en consolidar la compatibilidad con los pagos de la PAC.
Además, tanto las plantas fotovoltaicas como las explotaciones agrícolas con proyectos en marcha suelen destinar solo una parte del terreno al uso agrivoltaico, de modo que el porcentaje subvencionable será proporcional a esa superficie. En el caso de las fincas agrícolas, en cambio, no se perderá la subvencionalidad por instalar estructuras agrivoltaicas sobre una porción del terreno cultivado.
Actualmente, UNEF monitoriza una docena de proyectos piloto con cultivos leñosos, varios de carácter hortícola y otros apoyados por el IDAE. En conjunto, esta medida mejorará notablemente la rentabilidad agraria, reforzará la bancabilidad de los proyectos y abrirá una nueva fuente de ingresos en el medio rural. En pocas palabras: el mundo agrícola será más resiliente y saldrá reforzado. Esta afirmación parte de la base de que no solo habrá un refuerzo económico, sino que las instalaciones agrivoltaicas han demostrado que existen ahorros tangibles de los consumos de agua, beneficios en cuanto a la reducción del estrés térmico de los cultivos, mejoras en el manejo de la saturación y en la calidad de los mismos.
Fuente: Universidad de Jaén
En cuanto a los beneficiarios, será igual que para las ayudas por hectáreas admisibles actuales de la PAC: podrán solicitarlas los agricultores activos, es decir, quienes realizan la actividad agraria y asumen el riesgo económico de la explotación. Ser propietario del terreno no basta para percibir pagos directos, salvo que el titular gestione la finca por cuenta propia.
Ahora bien, aunque el reconocimiento ya es oficial, su aplicación práctica dependerá de varios desarrollos complementarios. En las grandes instalaciones seguirá siendo necesario tramitar el cambio de uso del suelo, puesto que el régimen solo ampara superficies donde la agricultura sea claramente predominante, medida que previsiblemente se establecerá en función de la proporción de superficie cultivada respecto al total del recinto. Por el momento, el pastoreo queda excluido, y aún deben definirse los límites máximos de cobertura de los módulos, las condiciones de mecanización y la pérdida admisible de superficie cultivable por caminos, apoyos o zonas técnicas. Estas cuestiones deberán ser reguladas por el MAPA y el FEGA mediante desarrollo reglamentario.
Desde el sector, prevemos que en los proyectos de mayor escala, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) será un factor determinante: sus restricciones sobre fertilizantes y fitosanitarios pueden condicionar el manejo agrícola. Por ello, muchos proyectos tenderán hacia modelos de agricultura ecológica integrada con energía solar, una evolución que desde UNEF denominamos hace años bioagrovoltaica, en la que la producción eléctrica y la agraria comparten un enfoque sostenible y bajo en insumos.
También quedan muchos aspectos por definir como, por ejemplo, el establecimiento claro de una definición, los criterios que aseguren que la agricultura es la actividad principal, o como se representarán estas parcelas en el visor SIGPAC (de cara a su aplicación administrativa), entre otros. Desde UNEF consideramos que la definición debe ser lo suficientemente amplia como para abarcar todas las tipologías de agrovoltaica —incluidas aquellas que incorporan prácticas específicas de manejo del pastoreo—. Asimismo, entendemos que la actividad principal debe determinarse en función del porcentaje de utilización del suelo y que, por tanto, no se debería requerirse un cambio de uso, al mantenerse la función agraria de la parcela. En relación con el SIGPAC, entendemos que lo más adecuado sería crear una categoría propia para las superficies agrivoltaicas, reconociendo que estos sistemas mantienen su condición de suelo agrario.
Con esta reforma, la agrivoltaica pasa a ocupar un lugar propio dentro de la PAC. Se trata de un avance estructural que integra por fin la transición energética en el corazón de la política rural, uniendo productividad, diversificación de rentas y resiliencia climática. Más allá de su valor técnico, el cambio tiene una dimensión social y territorial profunda: reconoce que el campo no es solo receptor de ayudas, sino protagonista de la descarbonización. Lo que antes se percibía como una amenaza para la agricultura comienza a entenderse ahora como una oportunidad para asegurar su futuro.
Foto: cedida
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