Especial: análisis de la no convalidación del RDL 7/2025

El martes, el Congreso no convalidó el RDL 7/2025, conocido como Decreto Antiapagones, por los votos en contra del PP, Vox, Podemos, JUNTS, UPN, Chunta Aragonesista y BNG.

Desde AEPIBAL subrayan que “nunca una ley ha suscitado tal nivel de apoyo del sector (asociaciones de todo el espectro de la energía, empresas grandes y pequeñas, electrointensivos, fabricantes, distribuidores, clusters regionales…), y eso quiere decir que el contenido es bueno y hay que rescatarlo”, explican. Según la asociación, “tirar este RDL a la basura es parar el juego a mitad de partido, y hay demasiadas cartas sobre la mesa como para cerrar el tablero e irnos a casa. Esto no puede suceder. Desde AEPIBAL ofrecemos nuestra mano al ministerio para intentarlo de nuevo, y si algún partido de la oposición tiene en mente presentar una solución alternativa como proposición de Ley, también estaremos ayudando en lo que haga falta. Pero tengámoslo claro, si dejamos de pedalear, nos caeremos al suelo”.

AEPIBAL estima que, de nos salir adelante, arrastrará consigo proyectos por 3 GW / 5 GW de almacenamiento instalado de aquí a 2030 y más de 2.000 millones de euros en inversiones en los próximos tres años, de los cuales más de 700 millones son de ayudas a fondo perdido del PERTE y de la reciente licitación de los fondos FEDER.

“Nos preguntamos si se ha sido consciente de que las empresas fabricantes europeos y nacionales de baterías han presentado ofertas en los recientes FEDER por más de 30 GW¡¡¡ ¿Somos conscientes de lo que estos fondos podrían representar para nuestra industria, nuestra cadena de valor, nuestros empleos cualificados y de calidad?”.

Finalmente, anima a rescatar “los elementos esenciales de este RDL que deberían ser causa común de todos y trabajemos en una solución parlamentaria muy rápida. Para el almacenamiento estos elementos son muy claros: (i) declaración de utilidad pública, (ii) simplificación en la tramitación y exención en la tramitación medioambiental de las hibridaciones, (iii) prioridad de redespacho, (iv) flexibilidad del sistema eléctrico e introducción de la figura del agregador y (v) la extensión de los hitos del RD-Ley 23/2020. Manos a la obra”.

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha lamentado que una normativa “técnica y absolutamente necesaria”, que contaba con un amplio consenso tanto en el sector energético e industrial, como entre asociaciones ecologistas y ciudadanas, se haya visto afectada por intereses no relacionados con el contenido de la norma.

“No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria” ha comentado el director general de la asociación, José Donoso.

UNEF apunta, también, que este bloqueo puede afectar a más de 30.000 millones de euros en inversiones, y advierte del riesgo de deslocalización de la industria “hay otros países que están demostrando un importante compromiso con el desarrollo renovable y las inversiones necesitan seguridad jurídica y un adecuado desarrollo normativo para llevarse a cabo”, señalan.

Según datos oficiales, en este momento hay 119 GW de peticiones de empresas, centros de datos y almacenamiento que quieren venir a instalarse a España por el bajo precio de la electricidad que puede ofrecer la fotovoltaica. “El consumo medio que hay ahora mismo en España se mueve en el entorno de los 25 GW. Aunque solo el 15% o el 20% de estas peticiones se concretasen, estaríamos duplicando la demanda. Y eso puede significar un proceso de reindustrialización como no ha existido en nuestro país” ha añadido Donoso.

“Pero para que esto se haga realidad, necesitamos un sistema estable, una normativa acorde con la tecnología y dar una clara señal de compromiso institucional a los inversores”, ha remarcado.

Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) explican que “la decisión del Congreso de los Diputados bloquea avances clave que eran esperados por todo el sector energético. Especialmente grave es la no adecuación de los hitos a la realidad del desarrollo de la demanda, así como la falta de impulso al almacenamiento y las renovables térmicas”, afirman.

Entre los riesgos especialmente graves, destacan el de colapso por mantenimiento de hitos administrativos inadecuados; el aumento de desequilibrios y horas a precios cero y negativos; y el freno el autoconsumo y el almacenamiento.

“Sin la modificación del quinto hito y de los plazos asociados, numerosos proyectos quedarán bloqueados por trámites que no responden a la realidad del desarrollo tecnológico ni administrativo. Muchos de estos proyectos se ven paralizados por medidas cautelares, utilizadas por grupos de presión contrarios a las renovables, y el Real Decreto-ley 7/2025 paralizaba los plazos administrativos en estos supuestos”, afirman.

Otro aspecto es el aumento de desequilibrios y horas a precios cero y negativos: Con más generación renovable y sin medidas paralelas para estimular la demanda, el mercado eléctrico sufrirá aún más desequilibrios. Si en los últimos años hemos estado viendo la famosa “curva de pato” (precios del mercado mayorista muy bajos o incluso negativos en horas centrales del día y fuertes incrementos al anochecer), este efecto se multiplicará en los próximos años.

Sin impulsar la demanda ni el almacenamiento, ni flexibilizar la entrada de renovables a futuro, se incrementarán las horas a precios cero y negativos en el mercado mayorista de la electricidad –cuando parte de la generación renovable se desperdicia–, poniendo en riesgo la rentabilidad y continuidad de proyectos ya operativos.

Además, se frena el autoconsumo y el almacenamiento: No podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo, la falta de cambios regulatorios seguirá limitando el desarrollo del autoconsumo colectivo en España, algo especialmente grave teniendo en cuenta que cerca de dos terceras partes de la población viven en comunidades de vecinos.

Igualmente, el impulso al almacenamiento -especialmente el bombeo hidráulico, sostenible y gestionable- queda en suspenso, lo que dificulta una gestión eficiente y flexible del sistema, e impide una mejor integración de renovables más dependientes del recurso como eólica y fotovoltaica.

Finalmente, señalan que se trata de “una oportunidad perdida para el liderazgo renovable”: España, que en 2024 consiguió rozar el 57% de electricidad renovable, necesitaba este paso normativo para consolidar su liderazgo europeo en la transición energética, especialmente en un momento en el que, tras el cero energético sufrido el 28 de abril, es urgente la toma de medidas que lleven a asegurar el suministro eléctrico de cara al futuro.

Finalmente, Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, señala que “este Real Decreto Ley incluía una batería de medidas valiosas para el conjunto de los españoles y, en concreto, una disposición clave para las 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España, puesto que resolvía -al menos de forma temporal- una disfunción normativa que penaliza económicamente a este colectivo”.

Los productores fotovoltaicos pioneros de nuestro país perciben una retribución por el esfuerzo inversor en fotovoltaica que ahora nos permite tener una tecnología limpia, autóctona e inagotable, y tan barata que ha desplomado los precios de la energía, en beneficio de los hogares españoles, de las empresas y, por lo tanto, del bienestar social y económico. Para recibir sus ingresos han de probar el óptimo funcionamiento de sus plantas con unas horas de producción de energía anuales; sin embargo, una norma posterior, considera que, en las numerosas horas a precios cero o negativo, estas plantas no están en funcionamiento, cuando si lo están, y obliga a los productores a devolver sus ingresos por incumplir este compromiso, cuando no lo están incumpliendo. Este absurdo y lesivo desajuste regulatorio era el que encontraba solución en el Real Decreto Ley que ahora queda sin efectos.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha señalado que “no se puede perder la perspectiva desde el Congreso o el Senado de lo que afecta al ciudadano cada norma que se aprueba o rechaza” e insta a los Grupos Parlamentarios “a reparar este desajusta grave para tantas familias en la primera ocasión que sea posible”. También ha solicitado al Gobierno que ponga los medios necesarios para “evitar el desastre económico que una interpretación inadecuada de una norma posterior a la regulación que ordena las instalaciones pioneras actúe de forma tan agresiva en un ámbito para el que no estaba diseñada, tal y como se justificaba en el propio Real Decreto Ley que ahora ha quedado sin efecto”.

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