La UE adopta un marco de ayudas estatales para la industria de las tecnologías limpias

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La Comisión Europea ha adoptado un nuevo marco de ayudas estatales en virtud del Pacto Industrial Limpio para Europa (Clean Industrial Deal for Europe, CISAF), un plan destinado a movilizar 100 000 millones de euros para apoyar la fabricación de tecnologías limpias en la Unión Europea.

La Comisión ha afirmado que el CISAF seguirá en vigor hasta finales de 2030. Su objetivo es acelerar el despliegue de nuevas capacidades de energía renovable y combustibles bajos en carbono, manteniendo al mismo tiempo precios bajos de la electricidad para las industrias con un alto consumo energético.

El régimen apoyará todos los proyectos de fabricación relacionados con las tecnologías de energía limpia enumeradas en la Ley de Industria con Cero Emisiones Netas (NZIA), así como proyectos de producción individuales en tecnologías con cero emisiones netas cuando sea necesario para evitar que las inversiones se deslocalicen fuera de la Unión Europea.

La Comisión ha limitado la ayuda financiera a 200 millones de euros por proyecto. Según la Comisión, los gobiernos podrán recurrir a evaluaciones de las necesidades de financiación o a licitaciones competitivas para garantizar una competencia leal. El marco también permite a los Estados miembros de la UE simplificar los procedimientos de autorización de las tecnologías de energía limpia y adoptar mecanismos de capacidad y medidas de flexibilidad para mejorar la estabilidad de la red.

También incluye disposiciones para reducir los costes de la electricidad para los usuarios intensivos en energía. «Si Europa quiere liderar las tecnologías limpias, debemos actuar con valentía y claridad», ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Transición Justa, Limpia y Competitiva. «El nuevo marco simplifica y agiliza el apoyo a la descarbonización, pero va más allá: reconoce al Estado como inversor estratégico en nuestro futuro».

Se espera que la NZIA ayude a Europa a producir al menos el 40 % de sus necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas, incluidos los módulos fotovoltaicos, las baterías y las bombas de calor. Obliga a agilizar la concesión de permisos para todas las tecnologías renovables y de almacenamiento de energía, estableciendo plazos máximos de autorización en función del alcance y la producción del proyecto. La legislación también establece los «Valles de Aceleración hacia Cero Emisiones Netas», donde los Estados miembros se encargarán de parte de la recopilación de pruebas para la evaluación medioambiental con el fin de agilizar las aprobaciones.

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