Norvento Enerxía inició la puesta en marcha del sistema de almacenamiento energético electroquímico (nBESS) que suministró al Centro de Desarrollo de Tecnologías de CIUDEN, ubicadas en Cubillos del Sil (León).
El Boletín Oficial del Estado recoge anuncios correspondientes a la tercera semana de febrero de 10 proyectos fotovoltaicos y de hibridación, incluida una planta de almacenamiento de 50,9 MW en Girona.
La Comunidad de Regantes Riegos de Herrera ha adjudicado las obras para la mejora energética de dos bombeos, a Elecnor Servicios y Proyectos por un importe de 975.525,68 euros.
GeoBiz Energy, la nueva herramienta de inAtlas, permitiría tener acceso a todos los datos catastrales de tipología del inmueble, superficie, y año de construcción, cruzados con patrones de consumo para identificar nuevos clientes potenciales.
El objetivo es llevar a cabo la instalación de paneles solares en las cubiertas de 19 naves de la ZAL Port de Barcelona y el Prat, destinadas al autoconsumo de los clientes, la posible venta al mercado o su inyección en la red eléctrica.
La instalación incluirá 704 paneles solares de 445 Wp en las cubiertas existentes del matadero, 360 paneles bifaciales de 450 Wp integrados en una marquesina sobre el aparcamiento y 825 tejas solares fotovoltaicas de 7,5 Wp en las cubiertas de las edificaciones auxiliares.
El Boletín Oficial del Estado recoge anuncios correspondientes a la segunda semana de febrero de 7 proyectos fotovoltaicos y de hibridación, incluida una planta de almacenamiento de 100 MW en Asturias.
El proyecto contempla la instalación de una cubierta compuesta por placas alveolares de hormigón pretensado, sobre las cuales se instalará la planta fotovoltaica para alimentar una de las bombas principales de impulsión de agua potable.
Triodos Bank financiará a Eranovum con 6 millones de euros para instalar los 540 puntos de recarga y la planta FV que los alimentará. Electra, por su parte, finalizó una electrolinera en Madrid con 10 puntos de recarga de 400 kW con una inversión de 500.000 euros.
Los Estados miembro deberían haber trasladado a su legislación la reforma de la normativa comunitaria en julio de 2024. España tiene un nuevo plazo de dos meses para resolver las irregularidades.
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