Sinceramente, cada vez me gusta menos el término “licencia social” que usamos para referirnos a esa aprobación o aval que debería dar la comunidad –no la administración– a un proyecto determinado renovable, (industrial, minero…).
En la práctica, sin embargo, la aceptación social condiciona la viabilidad de las iniciativas: hay proyectos que, aun avanzando con éxito en la tramitación administrativa, quedan bloqueados por la oposición vecinal, materializado en permisos locales no otorgados que dependen del ayuntamiento (que usualmente apoya a los vecinos), por la judicialización del proceso administrativo, o directamente por manifestaciones y protestas públicas que presionan a las autoridades.
No obstante, en España no existe ningún hito administrativo sobre licencia social, (a diferencia de licencias medioambientales o urbanísticas). Sin embargo, la importancia de esta dimensión está creciendo notoriamente.
Ante este reto, diversos actores han comenzado a integrar la vertiente social en sus planes. Pongo tres ejemplos de finales del 2025 y comienzos del 2026:
- La Estrategia de Transición Justa (MITECO): una consulta pública para el periodo 2026-2030 que busca “reforzar la dimensión sociolaboral” del Plan de Energía y Clima y “minimizar impactos” sobre trabajadores y territorios expuestos.
- Greenpeace: ha propuesto incluir “indicadores y requerimientos socioeconómicos” (reparto justo de beneficios, contratación local, participación temprana, etc.) en el desarrollo de las renovables, con interés de llevarlo al ámbito nacional.
- La Junta de Andalucía: sometió a consulta un proyecto de orden para establecer la Licencia Social Operativa (LSO) en proyectos energéticos, industriales y mineros, definiéndola como la aceptación social requerida para su viabilidad.
De todas estas iniciativas destaca la andaluza por su terminología clara: la LSO reconoce que la legitimidad social es un factor operativo, cuya ausencia puede condicionar el desarrollo del proyecto.
En cualquier caso, hoy día el concepto de “licencia social” sigue siendo más pedagógico y técnico que real: señala una condición necesaria (la aceptación social) pero, a la vez, sigue siendo un concepto intangible y difícil de regular.
De la “foto” al cultivo
Existe el peligro de convertir la aceptación social en un trámite administrativo. La “licencia social” no puede ser un documento estático o una foto tomada en un momento puntual. He visto proyectos con poca acogida inicial ganan aceptación en la medida en que trabajan junto a la comunidad, mientras que otros con aceptación inicial aparente luego enfrentan rechazo por razones diversas.
Por eso, cualquier regulación sobre aceptación social debería filtrar hacia los mejores proyectos (con mayor impacto positivo y menor riesgo), en lugar de crear un nuevo cajón de trámites. A ello debe sumarse que realidad territorial es demasiado variopinta como para aplicar un único criterio a toda España, y tampoco pareciera lógico convertir la licencia social en un factor de competencia entre autonomías.
Un proceso, no un permiso
La aceptación social no es algo que la comunidad entregue una sola vez; es el resultado de un proceso participativo continuo. Es el producto de la colaboración entre promotores, autoridades locales y ciudadanos, buscando consensos sobre los impactos y beneficios de cada proyecto.
En la práctica, es trabajar por generar beneficios tangibles a las comunidades receptoras que compensen la “afectación” del proyecto. Así se construye un verdadero “interés social” nacido del diálogo y el acuerdo.
En definitiva, la aceptación social no se otorga ni se firma en un papel: se cultiva con diálogo, transparencia y reparto de beneficios. Solo así una comunidad sentirá que su territorio recibe un valor real a cambio de asumir un proyecto energético o industrial.
Fotografía: cedida
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