Un directivo del banco mexicano Banca Afirme fue detenido por Interpol en Punta Cana, República Dominicana. El arresto forma parte de una investigación por presunto fraude y abuso de confianza relacionados con la retención de más de 123 millones de pesos (unos 5,6 millones de euros) de fondos públicos de Baja California (México).
El suceso está vinculado a la presunta financiación de un proyecto fotovoltaico que la empresa con sede en Reino Unido Next Energy Capital (NEC) desarrollaba en Mexicali, ubicada en Baja California. El proyecto, impulsado en 2020, pretendía instalar una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali con respaldo financiero de Afirme. Sin embargo, las autoridades estatales cancelaron el contrato en 2022 por carecer de permisos federales, y se iniciaron denuncias por presunto desvío de fondos públicos. El monto retenido asciende a 123.773 pesos.
El proyecto fotovoltaico nunca avanzó en terreno. La Comisión Reguladora de Energía de México (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no otorgaron los permisos necesarios, lo cual derivó en la rescisión del contrato y un proceso penal por daño al erario.
El directivo detenido, identificado como David Alejandro Rodríguez Jacobo, junto a otro empleado bancario, Nabor Medina Garza, huyeron a Estados Unidos y se encontraban prófugos desde enero de 2023, cuando se emitió una orden de aprehensión.
La Fiscalía General del Estados (FGE) ofreció una recompensa de 500.000 pesos (unos 22.600 euros) por cada uno de los huidos.
El arresto de David Alejandro Rodríguez Jacobo ocurrió en Houston y fue producto de una ficha roja emitida por Interpol, en coordinación con autoridades mexicanas.
En 2024, se había acordado la extradición de uno de los directivos de la Banca Afirme por el gobierno de Estados Unidos, y cuando estaba siendo trasladado al aeropuerto para su entrega a México, un juez federal le otorgó un amparo y evitó que llegara a Baja California. La FGE de Baja California continúa con la investigación y se prevé que el detenido sea trasladado para enfrentar cargos judiciales.
Por su parte, Nabor Medina Garza se mantiene prófugo; se presume que permaneció un tiempo en España.
El caso forma parte de una serie de procesos legales impulsados por el gobierno local por presunto peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Al menos cinco exfuncionarios estatales y tres particulares enfrentan denuncias relacionadas con la adjudicación del proyecto.
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