APREN denuncia que Portugal mantiene la mayor presión fiscal sobre las renovables de Europa

Portugal aplica actualmente una carga fiscal y parafiscal sobre las energías renovables que, según un estudio elaborado por la Nova School of Business and Economics (Nova SBE) y el despacho Lobo Carmona para la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN), no tiene equivalente conocido en Europa. El análisis identifica la Contribución Extraordinaria sobre el Sector Energético (CESE) como uno de los principales factores que penalizan el desarrollo de nuevos proyectos, al gravar de forma permanente el valor neto de los activos con independencia de su rentabilidad.

El informe señala que, en 2024, el sector aportó 1.110 millones de euros en contribución fiscal total, equivalente al 1,16% de la recaudación fiscal nacional. Ese mismo año, las energías renovables contribuyeron con 5.340 millones de euros al PIB, sostuvieron 62.434 empleos, evitaron importaciones de combustibles fósiles por valor de 2.100 millones de euros y redujeron aproximadamente 11,7 millones de toneladas de emisiones de CO₂.

Pese a esta contribución económica, el estudio concluye que las empresas soportan una carga fiscal equivalente a alrededor del 35% de sus beneficios, además de una carga parafiscal específica que alcanzó 135 millones de euros en 2024, lo que representa el 12,2% de la contribución fiscal total del sector y el 25,3% de los tributos soportados por las compañías.

Entre 2020 y 2024, las empresas abonaron 312 millones de euros únicamente en concepto de CESE y del mecanismo de clawback. Según el estudio, Portugal es actualmente el único país europeo que mantiene una contribución permanente de estas características sobre los productores de energía renovable, lo que sitúa al sector en una posición menos competitiva frente a otros mercados europeos.

El documento sostiene que el principal obstáculo para el crecimiento del sector ya no es económico, sino regulatorio. Para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) 2030, el país necesita incorporar 22,2 GW adicionales de capacidad renovable. Sin embargo, alrededor de 60.000 millones de euros en inversiones permanecen bloqueados debido a los largos plazos de tramitación administrativa, la limitada capacidad de la red eléctrica y la ausencia de nuevas subastas desde 2022.

Los autores destacan que los procedimientos de autorización continúan prolongándose entre cinco y siete años, muy por encima de los aproximadamente 18 meses alcanzados por Alemania y de los objetivos de aceleración fijados por la Directiva RED III. Según el análisis, cada año de retraso supone una pérdida potencial de 1.700 millones de euros de ingresos fiscales para el Estado.

El estudio estima que la eliminación de estos bloqueos permitiría elevar la contribución fiscal anual del sector hasta 2.800 millones de euros, más del doble de la actual. Entre 2025 y 2034, este incremento podría traducirse en entre 12.000 y 17.000 millones de euros adicionales de recaudación. En un escenario de cumplimiento del PNEC, la economía verde alcanzaría una recaudación fiscal de 4.790 millones de euros en 2030, una contribución al PIB de 32.200 millones de euros en 2040 y un crecimiento del empleo superior al 400%.

Como parte de sus recomendaciones, el informe propone un plan de reforma basado en ocho ejes, entre ellos la eliminación de la CESE, la reducción de los plazos de autorización a menos de tres años, la reactivación de las subastas de capacidad, el refuerzo de la red de transporte eléctrico, el impulso a los contratos de compraventa de energía (PPA), la revisión de la estructura tarifaria, la exclusión de los equipos de generación renovable del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IMI) y una redistribución más equilibrada de los ingresos fiscales hacia los territorios que albergan los proyectos.