Otra vez un impuesto al sol. ¿De verdad es necesario?

Hay decisiones políticas que cuesta entender. Y la intención de la Junta de Castilla y León de establecer un nuevo impuesto sobre las instalaciones solares fotovoltaicas es, desde mi punto de vista, una de ellas.

Llevamos años hablando de transición energética, de descarbonización, de independencia energética y de la necesidad de atraer inversiones industriales a nuestro país. Y cuando las empresas invierten, construyen instalaciones, generan empleo y producen una energía limpia y competitiva, resulta que la respuesta de algunas administraciones es crear un nuevo impuesto.

No parece precisamente la mejor manera de fomentar la inversión.

El nuevo gravamen plantea cantidades de entre 600 y 2.000 euros por hectárea para determinadas instalaciones fotovoltaicas. Se pretende justificar como un impuesto medioambiental, pero se calcula en función de la superficie ocupada, sin tener necesariamente en cuenta la energía producida ni las medidas ambientales incorporadas al proyecto.

Esto puede llevarnos a una contradicción difícil de explicar: una instalación que haya dedicado más terreno a favorecer la biodiversidad, mejorar su integración paisajística o compatibilizar la producción eléctrica con actividades agrícolas o ganaderas puede terminar pagando más que otra que haya aprovechado intensivamente cada metro cuadrado.

¿Es eso lo que queremos incentivar?

Desde el sector fotovoltaico llevamos años trabajando precisamente en la dirección contraria. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) impulsó el Certificado de Excelencia en Sostenibilidad, una iniciativa pionera que ha servido de referencia para el desarrollo posterior de numerosos criterios y exigencias autonómicas de integración ambiental.

El objetivo era demostrar que una planta solar puede convivir perfectamente con su entorno, respetar la biodiversidad, generar actividad económica y aportar valor al territorio.

Pero hay un aspecto de este nuevo impuesto que me preocupa especialmente: su efecto sobre las inversiones que ya están realizadas.

Es cierto que, jurídicamente, no estamos hablando de una retroactividad en sentido estricto. El impuesto no pretende cobrar por ejercicios anteriores a su entrada en vigor. Pero eso no significa que no tenga un efecto retroactivo sobre las decisiones de inversión.

Y conviene explicarlo.

Una planta fotovoltaica no es una inversión que se decide de un día para otro. Son proyectos que requieren años de desarrollo, estudios ambientales, autorizaciones, financiación y compromisos económicos que pueden extenderse durante 25 o 30 años.

Cuando una empresa decide invertir millones de euros en una instalación, lo hace calculando unos ingresos, unos costes, una rentabilidad y un plazo de recuperación. Todo ello bajo unas condiciones regulatorias y fiscales determinadas.

Si años después, con la planta ya construida, financiada y funcionando, una administración decide introducir un nuevo impuesto anual, está modificando unilateralmente las condiciones económicas sobre las que se tomó aquella decisión.

Se cambian las reglas del juego cuando la inversión ya está hecha. Esto ya lo hemos vivido.

Y lo más grave es que esas empresas ya no pueden volver atrás. No pueden decidir que, con estas nuevas condiciones, habrían invertido en otro territorio o en otro país. La inversión está realizada y el capital comprometido.

Esto no es precisamente un mensaje de seguridad jurídica para quienes están valorando invertir en España. Y no afecta únicamente a las instalaciones existentes. Cualquier inversor que esté estudiando un nuevo proyecto tomará buena nota de lo que está ocurriendo. Porque si hoy se introduce un impuesto que no existía cuando se realizó la inversión, ¿qué garantías tiene de que dentro de cinco años no aparezca otro?

Tampoco debemos olvidar que las plantas fotovoltaicas ya pagan impuestos. Como cualquier otra actividad empresarial, están sujetas a la fiscalidad que les corresponde: Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y, cuando corresponde, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), entre otros.

No estamos hablando, por tanto, de instalaciones que desarrollen su actividad sin contribuir económicamente a las administraciones públicas.

Los ayuntamientos que albergan estas plantas reciben ingresos fiscales que, en muchos casos, resultan especialmente relevantes para pequeños municipios rurales.

No tengo ninguna duda de que las instalaciones renovables deben cumplir todas las exigencias ambientales que correspondan. Y también considero razonable que las empresas contribuyan fiscalmente al sostenimiento de los servicios públicos.

Pero una cosa es exigir responsabilidad ambiental y otra muy distinta convertir la transición energética en una nueva fuente de recaudación.

España tiene algo que muchos países europeos desearían tener: sol y viento en abundancia. Son recursos naturales que nos permiten producir energía competitiva y que deberían convertirse en una de nuestras principales ventajas industriales.

Otros países necesitan importar buena parte de la energía que consumen. Nosotros tenemos la oportunidad de producirla aquí, aprovechando nuestros propios recursos. Y en lugar de facilitarlo, parece que nos empeñamos en buscar nuevas fórmulas para gravarlos.

El sol y el viento no son un problema que haya que penalizar fiscalmente. Son una riqueza que debemos aprovechar.

Basta mirar a Copenhague, una de las grandes capitales europeas. A apenas tres kilómetros de su costa se encuentra el parque eólico de Middelgrunden, con 20 aerogeneradores instalados desde el año 2000, perfectamente visibles desde la ciudad. Allí entendieron que disponer de viento era una oportunidad y decidieron aprovecharla, integrando la producción de energía renovable en el paisaje de su propia capital. No hablamos de un parque escondido en una zona despoblada, sino de una instalación frente a una ciudad europea de primer orden. Un ejemplo de cómo un recurso natural puede convertirse en una oportunidad energética en lugar de ser tratado como un obstáculo.

Tenemos una oportunidad extraordinaria para atraer industria, generar empleo y mejorar nuestra competitividad. Pero necesitamos estabilidad, coherencia y una visión de largo plazo.

No podemos pedir a las empresas que inviertan en transición energética y, una vez que lo han hecho, cambiarles las condiciones económicas.

La energía solar no necesita privilegios. Necesita reglas claras, estabilidad y administraciones coherentes con los objetivos que ellas mismas defienden.

Porque la cuestión es bastante sencilla: ¿queremos realmente impulsar la transición energética y aprovechar los recursos naturales que tenemos o queremos convertirlos en una nueva fuente de recaudación?

Javier Fernández-Font Pérez, Vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)