Capital Energy abandona su 3º campus de datos en Aragón y vende sus 150 MW a Blackstone ante protestas en la región

Box2Bit, filial de Capital Energy, ha desistido de Epilon, el proyecto de campus de centros de datos previsto en Épila (Zaragoza), y ha vendido a Blackstone los 150 MW de capacidad de conexión que había obtenido tras un conflicto de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El proyecto, declarado de interés autonómico y general de Aragón a comienzos de 2026, contemplaba una inversión de hasta 3.900 millones de euros y tenía prevista su primera fase para 2029.

Red Eléctrica había denegado en diciembre de 2023 el acceso para consumo en el nudo Calatorao 220 kV a CPD Edge Solutions, filial de Box2Bit. La operación permite a Blackstone recuperar los 150 MW que complementan los 600 MW de capacidad que Red Eléctrica le había concedido inicialmente para su campus de Calatorao.

El Gobierno de Aragón aprobó el 28 de septiembre de 2026 de forma definitiva parcial el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) Proyecto Rhodes, promovido por Calanza Inmuebles, para desarrollar un campus de centros de datos en Calatorao.

El proyecto fue declarado inversión de interés autonómico con interés general de Aragón en octubre de 2024 y posteriormente inició su tramitación urbanística. El PIGA contempla un campus que prevé alcanzar hasta 430 MW de potencia IT en dos fases. La inversión asociada supera los 13.000 millones de euros, frente a los 7.500 millones de euros y 300 MW contemplados en el planteamiento inicial.

Con la incorporación de los 150 MW cedidos por Box2Bit, Blackstone recupera capacidad de conexión para el desarrollo del campus, en un contexto en el que el acceso a la red constituye uno de los principales condicionantes para la implantación de nuevas cargas eléctricas de gran potencia.

Tres proyectos descartados en Aragón

Epilon es el tercer proyecto de centros de datos anunciado por Box2Bit en Aragón que no seguirá adelante. El Campus Ebro, previsto en Cariñena con una inversión de unos 3.400 millones de euros y alrededor de 1.950 empleos directos, fue descartado después de quedar fuera del plan de inversión en red del Ministerio.

El proyecto de La Charluca, en Calatayud, con una inversión estimada de unos 1.000 millones de euros, tampoco consiguió acceso a la red de transporte y las alternativas basadas en autoconsumo no prosperaron.

La salida de Epilon deja sin desarrollar el campus de Épila y pone de nuevo en primer plano el valor de la capacidad de conexión. Los terrenos asociados al proyecto, unas 100 hectáreas, tampoco llegaron a consolidar la operación prevista. Según el alcalde de Épila, Jesús Bazán, Box2Bit no realizó el primer pago y los derechos sobre los terrenos decayeron en mayo.

La conexión eléctrica como factor crítico

La evolución de estos proyectos muestra el peso que tiene actualmente la disponibilidad de capacidad eléctrica en el desarrollo de grandes centros de datos. La conexión puede condicionar la viabilidad de un proyecto incluso cuando existe suelo disponible y una declaración administrativa de interés general.

El caso también evidencia que la declaración de interés general no garantiza por sí misma la ejecución de un proyecto. En Aragón, varios desarrollos de centros de datos se encuentran condicionados por la disponibilidad de red, mientras aumenta la presión sobre las infraestructuras eléctricas asociada a nuevas cargas de gran potencia.

A esta presión se suma el impacto sobre otros recursos. En El Burgo de Ebro, el centro de datos de Amazon Web Services aumentará un 48 % el consumo de agua destinado a refrigeración, desde 35.000 hasta 52.500 m³ anuales. Tras la ampliación autorizada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el consumo hídrico total de la instalación alcanzará 53.961 m³ al año.

Como ya adelantó pv magazine, el desarrollo de nuevos centros de datos está generando oposición social en varias partes de España, incluida Aragón. Una manifestación celebrada en Zaragoza reunió a unas 2.000 personas, según la información aportada por la Policía Nacional, para reclamar una moratoria que permita evaluar el impacto de estos proyectos. Los colectivos convocantes cuestionan, entre otros aspectos, el consumo de agua y electricidad y los beneficios económicos y laborales asociados a instalaciones de gran escala.

España ha acogido alrededor de una veintena de las 75 movilizaciones previstas este fin de semana en distintos países europeos para pedir que se frene la expansión de estas infraestructuras y se establezcan normas específicas sobre su consumo de electricidad y agua.