La oposición a los megacentros de datos se organiza en España

Tal y como pasó hace unos años con las grandes plantas fotovoltaicas primero y con las instalaciones de baterías después, las protestas contra los grandes centros de datos están ganando presencia en España. Plataformas vecinales, organizaciones ecologistas y colectivos en defensa del territorio han comenzado a coordinarse para cuestionar la expansión de estas infraestructuras, especialmente en Aragón, donde la concentración de proyectos ha impulsado una movilización que se extenderá a otros puntos del país los días 6 y 7 de noviembre.

La convocatoria forma parte de una jornada europea de acción impulsada por la campaña Stop Dirty Data Centres, que reúne a más de 80 organizaciones de diez países. En España, uno de los principales motores de esta coordinación es Tu Nube Seca Mi Río, junto con plataformas locales y entidades ecologistas que reclaman una moratoria para los grandes centros de datos y una evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales y las comunidades afectadas.

Las movilizaciones se apoyan en argumentos que van más allá del impacto urbanístico de cada instalación. Los colectivos cuestionan el consumo de electricidad y agua, la disponibilidad de capacidad en las redes, la ocupación de suelo y las infraestructuras necesarias para abastecer estos complejos. También reclaman mayor transparencia sobre las ayudas públicas, los incentivos fiscales y el empleo que generarán los proyectos.

Aragón concentra algunos de los conflictos más visibles. En Zaragoza, la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia se opone al centro de datos proyectado por Microsoft junto a Puerto Venecia y ha presentado más de 350 alegaciones ambientales. En La Puebla de Alfindén, el Ayuntamiento ha formulado ocho alegaciones contra una instalación promovida por ACS y Benbros Energy, inicialmente planteada con 150 MW de potencia y ampliable a 300 MW. También existen movimientos de oposición en Villamayor de Gállego, Calatorao, Teruel y Huesca.

En Extremadura, Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia la declaración de proyecto de interés público concedida al centro de datos de Merlin Edged. 

En Castilla y León, organizaciones ecologistas y plataformas locales han cuestionado el proyecto hiperescalar previsto en Monfarracinos (Zamora), con una inversión anunciada de 4.600 millones de euros. En Getafe (Madrid), también se han planteado objeciones al nuevo centro de datos de Merlin Properties por su demanda energética y sus posibles efectos ambientales.

La movilización europea incorpora además conflictos de Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica, Dinamarca y Polonia. Aunque las reivindicaciones varían según el territorio, comparten la preocupación por el impacto de estas instalaciones sobre las redes eléctricas, el agua y la planificación territorial, así como por la distribución de sus costes y beneficios.

Más allá de paralizar proyectos concretos, los colectivos plantean abrir un debate sobre el modelo de expansión de la infraestructura digital: qué centros de datos necesita la sociedad, dónde deben instalarse y bajo qué condiciones ambientales, energéticas y económicas. La convocatoria de noviembre pretende dar dimensión estatal y europea a una oposición que hasta ahora se había desarrollado principalmente alrededor de proyectos locales.

Tramitación de centros de datos

El Ejecutivo remitió la semana pasada al Consejo de Estado el proyecto de real decreto que establecerá los criterios de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de soberanía digital, para los centros de procesamiento de datos (CPD) en España. Tras analizar más de 600 alegaciones del sector y recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio para la Transformación Digital, el proyecto mantiene los requisitos más exigentes para los centros de datos, pese al rechazo que han suscitado entre las empresas del sector, pero amplía hasta cinco años el plazo para adaptarse a las obligaciones más controvertidas. Entre ellas figura la exigencia de acreditar que su consumo eléctrico está respaldado por energías renovables.

La regulación, que exigirá a los centros de datos un 80% de renovables adicionales y datos bajo control europeo, ha generado una fuerte oposición entre las compañías afectadas, entre ellas Amazon, Microsoft, Google, ACS y Merlin Properties, que cuestionan algunas de las condiciones planteadas para el desarrollo y funcionamiento de estas instalaciones.