Portugal licitará el 14 de septiembre 1.050 MW de almacenamiento, con 750 MW para baterías y 300 MW hibridados

Portugal ha presentado su Estrategia Nacional para el Almacenamiento de Electricidad, un plan que fija como objetivo alcanzar 3 GW de almacenamiento en baterías y 3,9 GW de bombeo hidráulico en 2030, cifras que crecerán hasta 4,5 GW y 5,26 GW, respectivamente, en 2040. 

Durante la presentación de la estrategia, la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, aseguró que el país ha entrado en la “edad adulta de las energías renovables” y que el reto ya no consiste únicamente en instalar nueva capacidad solar o eólica, sino en dotar al sistema de la infraestructura necesaria para gestionarla. Portugal produce actualmente alrededor del 80% de su electricidad a partir de fuentes renovables, pero el Ejecutivo considera que el sistema se aproxima a su límite de integración. Según explicó la ministra, el almacenamiento permitirá aprovechar la energía que actualmente se pierde en momentos de elevada generación y baja demanda, liberándola cuando disminuya la producción renovable y aumente el consumo, al tiempo que contribuirá a estabilizar los precios para hogares e industria.

Como primer paso, el Gobierno ha convocado para el 14 de septiembre una subasta destinada a adjudicar 750 MW de almacenamiento standalone mediante baterías, a los que se añadirán otros 300 MW de capacidad sobrante vinculada a proyectos renovables que incorporen sistemas de almacenamiento. Las licitaciones se concentrarán en nodos estratégicos de la red eléctrica, entre ellos Rio Maior, Abrantes, Sines-Santo André, Alcochete-Palmela, Pegões-Divor, Estremoz o Tavira. Paralelamente, el Ejecutivo prepara nuevos concursos para proyectos de bombeo hidráulico, aunque estos dependerán de la autorización de la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado.

La estrategia incorpora también un novedoso mecanismo de retorno económico para los territorios donde se desarrollen estas instalaciones. Los municipios participarán de forma permanente en los ingresos generados por los proyectos de almacenamiento, recibiendo el 30% de los ingresos obtenidos por el Sistema Nacional de Energía en las subastas de almacenamiento autónomo y hasta el 70% en los proyectos asociados a capacidad sobrante. Además, los promotores deberán destinar el 2,5% de los ingresos netos a medidas de retorno para las comunidades locales y los proyectos que integren soluciones agrovoltaicas contarán con una bonificación del 20% durante el proceso de adjudicación. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar la aceptación social de las nuevas infraestructuras energéticas y garantizar que la transición energética genere beneficios directos para la ciudadanía.

El despliegue del almacenamiento forma parte de una reforma más amplia del sistema eléctrico portugués. El nuevo marco regulatorio actualiza la legislación del sector para introducir contratos de suministro eléctrico a precio fijo con una duración mínima de un año, reforzar la protección de los consumidores vulnerables durante situaciones de crisis energética, simplificar el desarrollo del autoconsumo y de las comunidades energéticas y potenciar los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), considerados esenciales para aportar estabilidad tanto a productores como a consumidores e inversores. Además, el Gobierno de Portugal anunció recientemente un mercado de capacidad abierto a almacenamiento, generación y gestión de la demanda.

Junto a esta estrategia energética, el Ejecutivo portugués ha puesto en marcha la elaboración de una Estrategia Industrial Verde con horizonte 2040, concebida para aprovechar las ventajas competitivas del país y atraer nuevas inversiones industriales ligadas a la transición energética. El plan identifica como sectores prioritarios el almacenamiento energético, las baterías, los gases renovables, el hidrógeno, la electrificación industrial, la captura y utilización de carbono, la movilidad eléctrica y las industrias pesadas descarbonizadas.