El Gobierno alemán estudia medidas regulatorias contra los inversores chinos

El Gobierno alemán está estudiando actualmente medidas regulatorias para restringir el uso de inversores solares chinos en las infraestructuras energéticas. Así se desprende de la respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por el grupo de Los Verdes sobre la seguridad de las tecnologías chinas en infraestructuras críticas.

Según el documento, ya está en marcha un proceso de trabajo conjunto entre el Ministerio Federal de Economía, el Ministerio Federal del Interior, la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) y la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI). El objetivo es evaluar los riesgos asociados a las instalaciones energéticas conectadas y desarrollar posibles medidas técnicas y regulatorias. El Gobierno alemán señala que actualmente se están analizando distintas opciones regulatorias, incluida la posibilidad de utilizar el artículo 41 de la Ley del BSI para prohibir componentes críticos en el sector energético.

El Gobierno asume la evaluación de los riesgos de seguridad

El tono de la respuesta resulta especialmente significativo. El Ejecutivo alemán no solo está estudiando posibles medidas, sino que ya comparte la valoración de que el uso de inversores chinos en el sistema energético conectado implica importantes riesgos tanto para la ciberseguridad como para la seguridad económica.

Al mismo tiempo, el Gobierno recuerda que la legislación china obliga a las empresas del país a colaborar con las autoridades estatales. En este contexto, la respuesta afirma textualmente:

«En China existen amplias obligaciones legales para que empresas y particulares colaboren con las autoridades estatales, cuya existencia entra en conflicto con los intereses de seguridad de la República Federal de Alemania, de la Unión Europea y de la OTAN».

Según la estimación del Gobierno, entre el 70% y el 80% de los inversores fotovoltaicos instalados actualmente en Europa proceden de fabricantes chinos. Un acceso coordinado a un gran número de estos equipos conectados podría afectar potencialmente a la estabilidad del suministro eléctrico.

Apoyo a las medidas europeas

El Gobierno alemán también hace referencia a las iniciativas actualmente en marcha en la Unión Europea. En este sentido, acoge favorablemente que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) deje de financiar nuevos proyectos que incorporen inversores procedentes de China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Asimismo, respalda una estrategia armonizada a escala europea para abordar los riesgos asociados a este tipo de componentes energéticos.

Según el Ejecutivo, la evaluación de riesgos no debería limitarse únicamente a las características técnicas de los productos. También deberían tenerse en cuenta criterios no técnicos, como el marco jurídico del país de origen del fabricante, los riesgos geopolíticos o las dependencias organizativas de la empresa.

Revisión del Reglamento europeo de Ciberseguridad

Paralelamente, el Gobierno alemán está analizando las propuestas de la Comisión Europea para revisar el Cyber Security Act. Entre ellas figura el debate sobre la creación de una lista de fabricantes de alto riesgo, similar a la aplicada en el despliegue de redes 5G, que podría derivar en su exclusión del mercado interior europeo.

El Ejecutivo reconoce expresamente la urgencia de actuar y confirma que está evaluando actualmente estas propuestas.

Nueva ley sobre control de inversiones

Más allá del origen de los productos, la respuesta apunta a otro posible elemento de la estrategia europea de reducción de riesgos (de-risking). El Gobierno alemán trabaja actualmente en una nueva Ley de Control de Inversiones (IPG), cuyo objetivo será consolidar y sistematizar la normativa vigente sobre control de inversiones extranjeras incluida en la Ley de Comercio Exterior. Por el momento no se han dado a conocer más detalles.

Al mismo tiempo, Alemania estudia las propuestas de la Comisión Europea incluidas en el futuro Industrial Accelerator Act. Entre ellas figura la posibilidad de imponer condiciones más estrictas a las inversiones en industrias estratégicas, como requisitos relativos a la estructura accionarial o a las empresas conjuntas (joint ventures).

Este tipo de medidas podrían impedir que fabricantes procedentes de países considerados de alto riesgo eludan futuras restricciones comerciales comercializando sus productos a través de filiales o socios de fabricación establecidos fuera de China. Aunque el Gobierno alemán todavía no ha fijado una posición definitiva, confirma que está analizando estas propuestas.

La interpelación parlamentaria presentada por Los Verdes se enmarca en la estrategia europea de de-risking adoptada por el anterior Gobierno alemán en 2023 como parte de su estrategia hacia China. Los diputados solicitaban conocer si el nuevo Ejecutivo mantendrá esa línea de actuación y cuál será su posición respecto a las medidas sobre ciberseguridad y resiliencia económica que actualmente se debaten en Bruselas.

De pv magazine Alemania