Comunidades energéticas: haciendo comunidad

Recientemente explicaba, ante su escepticismo, a un periodista que promover las comunidades energéticas no va solo de transformar el modelo energético, sino también de transformar el modelo de relación de los ciudadanos con sus vecinos. De generar comunidad en una sociedad de ciudadanos cada vez más aislados. Después de escuchar a alguno de los participantes en la III Cumbre de Comunidades Energéticas de UNEF en Sevilla, el periodista escéptico me comentó que iba a involucrarse en la creación de una.

Los debates de la Cumbre nos han reafirmado en el potencial transformador de las comunidades energéticas: a partir de la energía, estos proyectos generan cohesión social y se han convertido en una de las grandes oportunidades de la transición energética para llevar sus beneficios al territorio.

Las cifras reflejan esa evolución. Según el informe de referencia de Ecodes (III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas), a finales de 2025 había en España 837 comunidades energéticas, 182 de ellas creadas a lo largo de ese año. Dos de cada tres operan en municipios rurales, donde la cercanía entre vecinos y ayuntamientos facilita su puesta en marcha. La cifra admite dos lecturas: son muchas si miramos de dónde venimos, hace apenas unos años. Son pocas si pensamos en todos los municipios que todavía no tienen ninguna. Yo prefiero ver el vaso medio lleno, pero sin caer en la autocomplacencia: estamos al comienzo de un camino que aún tiene mucho recorrido, con un enorme margen de crecimiento, tanto para la ciudadanía como para las empresas, y precisamente por eso es necesario abordar los retos que todavía tiene por delante.

El primero es regulatorio. El fotovoltaico es un sector regulado, y esa regulación depende de decisiones políticas. Las comunidades energéticas responden a una demanda de la propia sociedad, que quiere cambiar su relación con la energía. Durante décadas, el modelo energético se ha basado en unas pocas grandes compañías como único interlocutor de los ciudadanos; la fotovoltaica ha puesto en manos de la sociedad la posibilidad de agruparse y decidir con más independencia sobre su forma de participar en el modelo energético. Para consolidar este modelo resulta urgente la aprobación del real decreto estatal de comunidades energéticas, que aportará estabilidad y seguridad jurídica, abrirá la puerta a su participación en los mecanismos de mercado y creará un registro que permita identificar con claridad los proyectos que cumplen los requisitos de una comunidad energética. Las Comunidades Autónomas, por su parte, tienen en su mano agilizar la tramitación. Y cuando estos proyectos ayudan además a los hogares vulnerables a salir de la pobreza energética, el argumento para impulsarlos es todavía más claro.

Con unas elecciones generales en el horizonte, el sector debe trasladar a todas las formaciones políticas de ámbito nacional esa necesidad de un marco regulatorio estable y propio para las comunidades energéticas, que no dependa de los cambios de legislatura.

El segundo reto es la falta de acompañamiento. Las comunidades energéticas necesitan apoyo técnico, jurídico y administrativo en sus primeras fases. Buena parte de ese trabajo recae hoy en las Oficinas de Transformación Comunitaria y en un ecosistema de entidades de asesoramiento que conviene reforzar. La desaparición de cualquier comunidad energética, aunque sea un caso aislado, debería servir para revisar qué ha fallado en ese apoyo.

Los ayuntamientos tienen aquí un papel central, por su cercanía a la ciudadanía y su capacidad para ceder cubiertas y espacios municipales, facilitar trámites, dar difusión e incluso contribuir a la financiación. Las próximas elecciones municipales abren una oportunidad para que las asociaciones y el propio sector trasladen esta prioridad a partidos y candidatos, y para que estos incorporen compromisos concretos con las comunidades energéticas en sus programas.

El tercer desafío está en la relación con las distribuidoras. Aunque existan casos puntuales de información o documentación incompleta, hay tramitaciones que se prolongan hasta 500 días, unos plazos difícilmente justificables y que penalizan directamente a los ciudadanos implicados. Para abordar esta situación, UNEF recopilará las incidencias que trasladen las comunidades energéticas y las presentará ante la CNMC y el Ministerio, con el objetivo de que se adopten medidas inmediatas y de que la regulación corrija estos retrasos de forma estructural.

El cuarto es la financiación. El almacenamiento distribuido, que la reforma en tramitación del Real Decreto 244/2019 de autoconsumo podría impulsar de forma decisiva, abre una nueva etapa para las comunidades energéticas: mejora su rentabilidad y aumenta su valor para el sistema, pero también eleva la inversión necesaria. Junto a fórmulas ya en uso, como la aportación de los socios, la financiación participativa, la banca ética o los certificados de ahorro energético, la banca pública debe asumir un papel más activo. Su función es precisamente cubrir riesgos que la banca comercial no asume cuando existe un beneficio social evidente, y el ICO debería desempeñar ese papel.

Superar estas barreras merece la pena. En una sociedad cada vez más individualista, las comunidades energéticas permiten que la ciudadanía vuelva a hacer cosas en común: se empieza por la energía, después llegan otros servicios, y el vecindario se convierte poco a poco en una verdadera comunidad. Para ello cuentan con una tecnología especialmente adecuada: la fotovoltaica es democrática, está al alcance de cualquiera y no deja rastro al final de su vida útil, lo que la convierte en la base natural de este nuevo modelo de participación ciudadana.

Además, en el contexto internacional actual, el modelo distribuido refuerza también la seguridad nacional: como ya vemos en ciudades como Bagdad o Damasco, miles de pequeñas instalaciones repartidas por el territorio son mucho más resilientes que una gran central. A ello se suman otros beneficios que la energía fotovoltaica deja en el territorio, como el crecimiento económico, la atracción de inversión, la creación de empleo, y una ventaja competitiva que España nunca ha aprovechado hasta ahora: un recurso propio y abundante como el sol.

Las comunidades energéticas reúnen, en definitiva, todas las virtudes de la energía solar y añaden la más humana, la de unir a las personas. En un momento de profunda transformación como el actual, esa combinación las hace más necesarias que nunca. Se atribuye a Victor Hugo la frase de que no hay nada más poderoso que una idea a la que ha llegado su momento. El de las comunidades energéticas ya está aquí.