La UE adopta directrices de flexibilidad presupuestaria para sistemas fotovoltaicos, bombas de calor y almacenamiento en baterías

La Comisión Europea ha adoptado una comunicación que ofrece a los Estados miembros orientaciones sobre la posibilidad de ampliar el alcance de la cláusula de salvaguardia nacional (CSN) para la defensa, de modo que también pueda cubrir medidas de seguridad energética durante el periodo 2026-2028.

En concreto, la Comisión Europea abre la puerta a que los Estados miembros utilicen parte de la flexibilidad presupuestaria que ofrece la cláusula de salvaguardia nacional para financiar nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad energética y apoyar la transición desde los combustibles fósiles. Sin embargo, las nuevas orientaciones, publicadas en la Comunicación C/2026/4514, vinculan el acceso a esta flexibilidad al cumplimiento de criterios de adicionalidad, eficacia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

«La comunicación establece el procedimiento para solicitar flexibilidad presupuestaria, su tratamiento en el marco de la supervisión fiscal de la UE y el seguimiento de su utilización», señaló la Comisión Europea. La posibilidad de ampliar la CSN para cubrir medidas de seguridad energética fue anunciada el 3 de junio de 2026, como parte del paquete de primavera del Semestre Europeo y en respuesta al «conflicto en curso en Oriente Medio».

Solo podrán acogerse al programa las medidas fiscales adoptadas después del 28 de febrero de 2026, cuyo objetivo es, como se ha señalado, aumentar la resiliencia estructural del sistema energético europeo.

«La comunicación incluye una lista indicativa y no exhaustiva de medidas que podrían ser subvencionables. Por tanto, la Comisión evaluará la elegibilidad de las medidas caso por caso», señala el documento.

El límite máximo global actual del 1,5 % del producto interior bruto (PIB) para la desviación permitida respecto a la senda recomendada de gasto neto en el marco de la CSN se mantendrá vigente. Para las medidas de seguridad energética se establecen límites específicos del 0,3 % del PIB anual y del 0,6 % del PIB acumulado, dentro del límite global del 1,5 % del PIB.

Los gastos que superen los límites aplicables seguirán sujetos a las evaluaciones ordinarias de cumplimiento previstas en el marco fiscal de la UE.

La comunicación se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. El documento identifica cinco medidas subvencionables para reforzar la seguridad energética de los hogares, dos para el sector público, tres para las empresas, tres para las infraestructuras de transporte y nueve para el sector energético. Esta última categoría incluye inversiones en proyectos de energías renovables, tecnologías de baterías y almacenamiento de energía y centrales nucleares.

Entre las medidas que podrían ser subvencionables también figuran los incentivos para bombas de calor, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y la rehabilitación energética de edificios.

En sus solicitudes, los Estados miembros deberán presentar una lista inicial de las medidas de seguridad energética previstas para las que desean beneficiarse de esta flexibilidad, junto con una estimación de su coste presupuestario.

«Tras evaluar una solicitud de conformidad con los requisitos del artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión podrá recomendar al Consejo que la apruebe», señaló la Comisión Europea en un documento publicado esta semana.