La asociación alemana de almacenamiento presentará una denuncia ante la UE por la ley del mercado de capacidad

La asociación alemana del almacenamiento energético BVES tiene previsto presentar una denuncia ante la Comisión Europea por el diseño de la propuesta de Ley de Seguridad del Suministro Eléctrico y del Mercado de Capacidad (StromVKG), al considerar que la normativa excluye de facto a las tecnologías de almacenamiento de partes clave del futuro mercado de capacidad.

El Gobierno alemán presentó el proyecto de ley con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico tras el abandono del carbón mediante subastas competitivas para nueva capacidad de generación despachable.

Según la propuesta actual, Alemania licitará 9 GW de nueva capacidad en los próximos meses. Los proyectos elegibles deberán ser capaces de suministrar electricidad de forma continua durante al menos 10 horas y, tras un periodo de recuperación de una hora, ofrecer otras 10 horas adicionales de funcionamiento. Según BVES, estos requisitos solo pueden ser cumplidos actualmente por las centrales eléctricas de gas. Una subasta independiente de 2 GW, prevista para el próximo año, sí permitirá la participación de sistemas de almacenamiento en baterías.

Durante una audiencia parlamentaria sobre la legislación, el director general de BVES, Urban Windelen, afirmó que el diseño de la subasta restringe la competencia y entra en conflicto con los principios europeos de neutralidad tecnológica y no discriminación.

La asociación sostiene que los proyectos de almacenamiento son formalmente elegibles para participar, pero quedan excluidos en la práctica debido al efecto combinado de varios elementos del diseño de la norma, y no por una única disposición específica.

Entre sus principales críticas figura la limitación propuesta a las agrupaciones de activos (pooling). BVES considera que varios sistemas de almacenamiento deberían poder combinar su capacidad para prestar los mismos servicios de seguridad de suministro que una única gran central de generación, potencialmente con menores costes y plazos de desarrollo más cortos.

La asociación también cuestiona los requisitos de resiliencia propuestos, que obligan a que al menos el 50 % de los componentes de los proyectos procedan de Europa. Aunque apoya el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro, BVES considera que esos mismos criterios deberían aplicarse a todas las tecnologías. En este sentido, señala que la generación con gas queda exenta de requisitos equivalentes, pese a depender de combustibles importados.

BVES respalda, en términos generales, la inclusión de servicios relacionados con la inercia en el mecanismo de capacidad, al considerar que las baterías están especialmente capacitadas para prestarlos. Sin embargo, advierte de que estos requisitos no deberían diseñarse de forma que incrementen los costes y limiten la participación de los proyectos de almacenamiento.

La asociación alemana de energías renovables BEE expresó preocupaciones similares durante la audiencia. La organización considera que el diseño de la subasta favorecería a las centrales de gas frente a tecnologías más flexibles y de menor coste.

BEE destacó especialmente el denominado requisito “10+1”, según el cual las instalaciones deben ser capaces de operar otras diez horas tras únicamente una hora de recarga. Según la federación, esta condición excluiría de la licitación de 9 GW tanto a las baterías como a las plantas de biogás, pese a aportar un valor limitado para la seguridad del suministro.

La organización también criticó las disposiciones sobre contenido local, que exigen que al menos la mitad de los componentes de los proyectos procedan de Europa, argumentando que no existen obligaciones comparables para los combustibles fósiles importados ni para los componentes utilizados en las centrales de gas.

Además, BEE considera que el proyecto de ley carece de una hoja de ruta clara para transformar las futuras centrales de gas de manera que puedan funcionar con hidrógeno verde o biometano. La federación advierte de que la ausencia de requisitos vinculantes de reconversión podría ralentizar el desarrollo de una economía nacional del hidrógeno y generar una dependencia a largo plazo de infraestructuras basadas en combustibles fósiles.

La organización también manifestó su preocupación por la incertidumbre regulatoria, ya que aspectos fundamentales del diseño definitivo de las subastas serán definidos posteriormente por el Ministerio alemán de Economía y por el regulador federal de redes. En opinión de BEE, una mayor claridad dentro de la propia legislación mejoraría la transparencia y ofrecería señales de inversión más sólidas.

Por su parte, la asociación alemana de la industria del gas valoró la propuesta de forma más favorable. El sector considera que la legislación proporciona un marco para atraer inversiones en nueva capacidad de generación despachable, aunque cree necesario ajustar varios aspectos.

Entre sus principales preocupaciones figura el pago máximo previsto de 173 euros/kW, que, según la asociación, podría no reflejar adecuadamente los costes y riesgos de los proyectos. También cuestiona la inclusión de los servicios de inercia dentro del mecanismo de capacidad, al considerar que deberían contratarse mediante un procedimiento independiente gestionado por los operadores de las redes de transporte.

Finalmente, el sector gasista considera adecuados los incentivos regionales incluidos en la propuesta, aunque subraya que el desarrollo de nuevas centrales requerirá emplazamientos adecuados, procedimientos de autorización más rápidos y acceso oportuno a las infraestructuras de electricidad, gas y, en el futuro, de hidrógeno.

De pv magazine Alemania