Los ayuntamientos de dos municipios malagueños, Gaucín y Casares, junto a tres de Cádiz, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, limítrofes entre sí, han solicitado a la Junta de Andalucía una moratoria para los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en estas localidades hasta que se apruebe una regulación que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios.
Así lo han explicado los ayuntamientos en una nota de prensa en la que informan de la reunión mantenida este jueves, por sus respectivos alcaldes con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, encabezados por el viceconsejero, Mario Muñoz-Atanet.
En la reunión se ha acordado trasladar esta iniciativa a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo es fundamental para aprobar esta petición de moratoria en la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Las acciones se han tomado ante “el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en sus municipios”, y se busca es que la instalación de las plantas fotoovoltaicas se realice “de forma sostenible y planificada”, para que “no tenga un gran impacto paisajísticos o medioambiental”, ni “perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico”.
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