La industria solar europea reclama reconstruir toda la cadena de valor fotovoltaica en cinco años
Más de 35 empresas e instituciones europeas del sector solar han pedido a la Unión Europea que utilice la futura Ley de Aceleración Industrial para reconstruir una cadena de valor fotovoltaica completa en Europa. La iniciativa, impulsada por el European Solar Manufacturing Council (ESMC), reclama medidas que abarquen desde el polisilicio, los lingotes y las obleas hasta las células, los módulos y la maquinaria de producción.
Los firmantes han remitido una carta conjunta y un documento de posición de 13 páginas a los miembros de las comisiones de Industria, Mercado Interior y Comercio Internacional del Parlamento Europeo. El objetivo es que la futura regulación cree demanda para los componentes fabricados en Europa y corrija el actual desequilibrio de la cadena industrial.
Según el análisis presentado por ESMC, Europa cuenta con más de 100 instalaciones de fabricación vinculadas al sector fotovoltaico y más de 75 ensambladores de módulos. Sin embargo, la capacidad industrial disminuye de forma acusada en los eslabones intermedios. El documento identifica solo unas pocas compañías activas en fabricación de células o con planes de capacidad a escala de gigavatios, un único proyecto de lingotes y obleas, un productor de polisilicio y otro proyecto adicional en este último segmento.
“El ensamblaje de módulos por sí solo no genera resiliencia”, sostiene la carta. La asociación considera que una estrategia de soberanía tecnológica debe asegurar producción local de los componentes de mayor valor añadido y no limitarse a la fase final de ensamblaje.
El documento también destaca la posición europea en maquinaria industrial. Al menos 38 fabricantes europeos de equipos especializados cubrirían prácticamente todas las fases del proceso productivo fotovoltaico. En determinadas etapas, estos proveedores representan, según ESMC, la única alternativa mundial a las empresas chinas. Además, parte de esta industria trabaja también para el sector de los semiconductores, por lo que el consejo propone vincular una cuota definida del apoyo a nuevas fábricas al uso de equipos europeos.
Los firmantes plantean tres medidas principales. La primera es una Ley de Aceleración Industrial sólida y de aplicación ágil, con una definición estricta de “Hecho en Europa”, que cubra la cadena solar completa en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor. La segunda es establecer mecanismos de protección frente al exceso estructural de capacidad, las subvenciones extranjeras y el dumping. La tercera consiste en combinar inversión y apoyo operativo temporal para ampliar las capacidades industriales y movilizar capital privado.
El ESMC argumenta que la fabricación fotovoltaica depende en gran medida de los costes operativos. Por ello, defiende ayudas específicas y limitadas en el tiempo cuando estén justificadas, además de instrumentos que reduzcan el riesgo de inversión y aseguren demanda para la producción europea.
De acuerdo con las cifras del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar utilizadas en el documento, una cadena de valor europea con una producción anual de 30 GW de módulos podría sostener alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos, aportar unos 4.000 millones de euros al PIB comunitario y generar cerca de 2.000 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones sociales.
La prima asociada a utilizar componentes fabricados en Europa se estima en unos 0,25 céntimos de euro por kWh sobre el precio medio mayorista de la electricidad de la UE. Para los promotores de la iniciativa, este coste se situaría dentro del margen previsto por la normativa europea de industria de cero emisiones netas en las subastas renovables.
La discusión adquiere relevancia mientras el Parlamento Europeo y el Consejo definen sus posiciones sobre la Ley de Aceleración Industrial. ESMC pide que el concepto de origen europeo se limite a la producción dentro de la Unión y no se extienda automáticamente a países socios con acuerdos de libre comercio. La asociación considera que una definición amplia debilitaría el objetivo de atraer inversión hacia las fábricas europeas de polisilicio, obleas, células y módulos.
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