España propone a la UE gravar beneficios petroleros para financiar medidas climáticas comunes

El Gobierno de España propone reforzar la política europea de adaptación al cambio climático mediante un marco común que integre los riesgos climáticos en la planificación pública, el diseño de infraestructuras y las decisiones de inversión. La propuesta, recogida en el documento Spain’s Non-Paper for a Stronger European Climate Resilience Framework, plantea objetivos europeos vinculantes de adaptación, un sistema permanente de respuesta ante emergencias climáticas y nuevos mecanismos para financiar la resiliencia.

La iniciativa parte de la creciente exposición de Europa a fenómenos meteorológicos extremos. Según el documento, los Estados miembros han acumulado desde 1980 unos 822.000 millones de euros en pérdidas relacionadas con eventos climáticos, de los que alrededor de 208.000 millones corresponden al periodo 2021-2024. En ese sentido, los fenómenos extremos podrían reducir el PIB de la UE alrededor de un 1% en 2026, mientras que las pérdidas podrían alcanzar el 2,3% del PIB en 2050 y el 7% en 2090 en un escenario de elevado calentamiento.

Metodología europea común para evaluar los riesgos

El primer eje de la propuesta consiste en establecer una metodología europea común para evaluar los riesgos climáticos. España plantea que todos los procesos de planificación y toma de decisiones públicas incorporen sistemáticamente estas evaluaciones, utilizando herramientas como Copernicus y Climate-ADAPT y la evidencia científica del IPCC.

Las evaluaciones deberían realizarse cada cinco años a escala europea, nacional y regional y contemplar distintos escenarios futuros, incluidos acontecimientos extremos de baja probabilidad y elevado impacto. El documento también propone identificar a los responsables de gestionar cada riesgo, de modo que las evaluaciones se traduzcan en medidas concretas.

España reclama además que los principios de “resilience by design” y “climate proofing” formen parte del marco europeo. Las infraestructuras, inversiones y políticas sectoriales deberían diseñarse teniendo en cuenta las condiciones climáticas futuras para evitar nuevas vulnerabilidades.

En esta misma línea, propone ampliar el principio europeo “Do No Significant Harm” (DNSH) mediante un enfoque “Do No Significant Harm + Resilience” (DNSH+R). Los proyectos no solo deberían evitar daños ambientales significativos, sino también evaluar los riesgos climáticos y reforzar su capacidad de adaptación.

El Gobierno español plantea que el futuro marco incluya objetivos europeos vinculantes a corto, medio y largo plazo, inicialmente centrados en sectores especialmente expuestos como agua, salud, infraestructuras, bosques, biodiversidad, turismo, agricultura y pesca.

Respuesta conjunta ante emergencias

España propone también transformar los mecanismos rescEU en un sistema europeo permanente de respuesta ante emergencias climáticas. Este dispositivo debería disponer de recursos compartidos, sistemas avanzados de datos, protocolos comunes, formación y capacidades logísticas de despliegue rápido.

Entre las medidas planteadas figura una flota europea específica para combatir incendios forestales. El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta ante fenómenos que pueden afectar simultáneamente a varios Estados miembros.

El marco debería incorporar además el principio de “just resilience”, de forma que las políticas de adaptación tengan en cuenta las diferencias sociales y económicas entre regiones y grupos de población y permitan identificar a quienes presentan una mayor vulnerabilidad.

Un fondo europeo para la adaptación

El tercer pilar es la financiación. España propone integrar la resiliencia climática en la arquitectura financiera europea y crear un Fondo Europeo de Adaptación al Clima que complemente los instrumentos previstos en el próximo Marco Financiero Plurianual.

Para obtener nuevos recursos, el documento plantea mecanismos como una tasa europea sobre los beneficios de los sectores del petróleo y el gas, denominada European Climate Resilience Levy, además de otros instrumentos fiscales y la posibilidad de recurrir a deuda común europea.

La propuesta también contempla un esquema europeo de reaseguro público-privado para cubrir pérdidas derivadas de fenómenos extremos. La mutualización de riesgos entre Estados miembros permitiría ampliar la cobertura y diversificar la exposición. España plantea asimismo explorar bonos de riesgo climático que activen pagos cuando se produzcan determinados eventos extremos.