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MITECO lanza un nuevo concurso de potencia firme de 820,5 MW en territorios no peninsulares

El procedimiento competitivo prevé asignar retribución a centrales que suman más de 820 MW, la gran mayoría situadas en las Islas Canarias. Podrán participar nuevos grupos de generación gestionable, nuevas inversiones sobre grupos existentes y extensiones de vida útil regulatoria de grupos existentes.
Imagen: Endurance Motive

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la tramitación de un segundo concurso de potencia firme para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, con una potencia total de 820,5 MW destinada a garantizar las necesidades de suministro previstas para 2031. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas orientadas a reforzar la seguridad de suministro y acelerar la transición energética en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Según el Ministerio, el procedimiento competitivo permitirá asignar retribución a nuevas instalaciones de generación gestionable, nuevas inversiones sobre grupos existentes y actuaciones destinadas a extender la vida útil regulatoria de instalaciones ya operativas.

El nuevo concurso llega después de la adjudicación de más de 1.450 MW en el primer procedimiento, resuelto el pasado mes de febrero. Tras esa convocatoria, el MITECO solicitó a Red Eléctrica, como operador del sistema, un análisis prospectivo con horizonte a cinco años para actualizar las necesidades de cobertura teniendo en cuenta tanto los resultados del primer concurso como la entrada en servicio de nuevas interconexiones.

El estudio concluye que será necesaria potencia adicional en todos los territorios no peninsulares debido, principalmente, al crecimiento económico previsto. La distribución de la potencia objeto del concurso será la siguiente:

  • Islas Baleares: 80 MW
  • Gran Canaria: 320 MW
  • Tenerife-La Gomera: 230,5 MW
  • Lanzarote-Fuerteventura: 95 MW
  • La Palma: 52 MW
  • El Hierro: 10 MW
  • Ceuta: 1 MW
  • Melilla: 32 MW

Criterios de selección

La adjudicación se realizará mediante una prelación técnico-económica basada en el ahorro de costes totales, incorporando además criterios ambientales y operativos.

Entre los requisitos establecidos figura un límite máximo de emisiones de 550 gCO₂/kWh para las instalaciones participantes. Asimismo, se tendrán en cuenta aspectos como la capacidad de autoenergización de los grupos y la ubicación de las instalaciones, considerando los nudos de conexión y las observaciones de los gobiernos autonómicos.

La propuesta también incrementa el umbral técnico con el objetivo de incentivar la incorporación de componentes de mayor eficiencia.

En el caso específico de Canarias, el Ministerio pretende favorecer la renovación del parque de generación y penalizará la participación de grupos que superen los 40 años de antigüedad en 2031. Además, las nuevas instalaciones deberán poder utilizar un mínimo del 5% de combustible de origen renovable, siempre que exista disponibilidad.

Paralelamente, el MITECO ha abierto el periodo de audiencia pública del proyecto de modificación del Real Decreto 738/2015, que introduce por primera vez un marco regulatorio específico para el almacenamiento eléctrico en los territorios no peninsulares.

La futura norma incorpora tanto instalaciones independientes (stand-alone) como sistemas de almacenamiento hibridados con plantas de generación renovable. Según el Ministerio, esta regulación permitirá incrementar la flexibilidad del sistema eléctrico, facilitar una mayor integración de energías renovables y desplazar generación basada en combustibles fósiles.

La modificación normativa también plantea un cambio en el mecanismo de retribución de la generación renovable en los territorios no peninsulares: frente al sistema actual, basado en el precio diario del mercado peninsular, el proyecto propone utilizar el precio medio del mercado eléctrico peninsular del último año móvil. El Ministerio considera que este cambio aportará mayor estabilidad a los ingresos de los productores renovables, incentivará nuevas inversiones y evitará que las instalaciones dejen de generar cuando el mercado peninsular registre precios nulos o negativos, aun cuando su producción permita sustituir generación fósil en los sistemas insulares.

Se podrán presentar alegaciones a la propuesta del concurso de potencia firme hasta el 5 de agosto.

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