La UE moviliza hasta 35 GW de almacenamiento en su primer acuerdo tripartito para acelerar su implantación

La Comisión Europea ha impulsado la firma del primer acuerdo tripartito de la Unión Europea dedicado al almacenamiento energético, una iniciativa que reúne a Estados miembros, desarrolladores de almacenamiento y renovables, fabricantes, industrias electrointensivas e instituciones financieras con el objetivo de acelerar el despliegue de esta tecnología durante los próximos años.

El acuerdo, firmado en Luxemburgo al margen del Consejo de Ministros de Energía, busca crear un entorno favorable para el desarrollo de proyectos de almacenamiento a gran escala, considerado un elemento clave para aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico, facilitar la integración de energías renovables y reforzar la seguridad del suministro.

Objetivo: entre 30 y 35 GW adicionales en dos años

Como parte del compromiso, 22 Estados miembros han presentado objetivos nacionales que, en conjunto, prevén la incorporación de entre 30 y 35 GW de capacidad de almacenamiento durante los próximos dos años.

La Comisión recuerda que la Unión Europea dispone actualmente de alrededor de 55 GW de capacidad instalada, mientras que las necesidades del sistema energético europeo se estiman en 200 GW para 2030, por lo que será necesario acelerar significativamente el despliegue de distintas tecnologías de almacenamiento.

Compromisos para toda la cadena de valor

El acuerdo establece compromisos específicos para cada uno de los actores implicados.

Los desarrolladores de proyectos de almacenamiento y de energías renovables facilitarán anualmente previsiones sobre el volumen de nuevos proyectos de almacenamiento e instalaciones híbridas previstas. El objetivo es mejorar la visibilidad del mercado y ofrecer mayor certidumbre a inversores y entidades financieras.

Por su parte, las industrias consumidoras de energía se comprometen a desarrollar sistemas de almacenamiento en sus propias instalaciones y a proporcionar información más detallada sobre sus perfiles de consumo eléctrico, incluyendo cuándo y cuánta electricidad demandan.

Reformas regulatorias y apoyo financiero

Los Estados miembros asumirán la eliminación de barreras regulatorias que dificultan el desarrollo del almacenamiento.

Entre las medidas previstas figura la adaptación de las tarifas de acceso a las redes para que reflejen los costes reales y favorezcan la flexibilidad del sistema, permitiendo a las autoridades reguladoras nacionales aprobar tarifas no discriminatorias que incentiven el almacenamiento.

Además, cuando sea necesario, los gobiernos podrán establecer programas de apoyo económico para el despliegue de proyectos y para el desarrollo de capacidades industriales de fabricación, utilizando financiación nacional o comunitaria conforme a la normativa europea sobre ayudas de Estado, incluido el nuevo Clean Industrial State Aid Framework (CISAF).

Mayor implicación del sector financiero

Las entidades financieras participantes, incluidos bancos nacionales, regionales y entidades públicas de promoción, colaborarán con el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) para mejorar la financiación de proyectos de almacenamiento.

El acuerdo contempla el intercambio de conocimiento técnico y financiero con el objetivo de aumentar la bancabilidad de estas inversiones y movilizar mayores recursos hacia el sector.

La Comisión actualizará la regulación

La Comisión Europea coordinará el cumplimiento del acuerdo hasta 2028 mediante un seguimiento anual de los avances.

Entre las actuaciones previstas figura el apoyo a los Estados miembros en el diseño de mecanismos nacionales de financiación para almacenamiento, así como la utilización del futuro Banco para la Descarbonización Industrial para facilitar la implantación de soluciones de almacenamiento en la industria.

Bruselas también estudiará nuevas vías de financiación a través del Innovation Fund, revisará las normas europeas de operación de las redes para favorecer el despliegue del almacenamiento y analizará posibles modificaciones de las reglas de divulgación de la Taxonomía Europea durante la revisión prevista para principios de 2027.