La industria solar europea reclama acciones contundentes de la UE frente a prácticas comerciales desleales

La industria manufacturera europea ha elevado la presión sobre Bruselas para que refuerce sus herramientas de defensa comercial frente a lo que considera una creciente amenaza para la competitividad industrial del continente. La petición ha sido formalizada en una declaración conjunta firmada por 23 asociaciones sectoriales europeas, entre las que se encuentra el European Solar Manufacturing Council (ESMC).

Las organizaciones advierten de que las prácticas comerciales desleales y la sobrecapacidad estructural impulsada por economías no sujetas a reglas de mercado están generando una competencia desigual que afecta a toda la cadena de valor industrial europea. Según el documento, estas distorsiones se sustentan en políticas industriales respaldadas por los Estados, incluyendo subvenciones directas, incentivos fiscales y otros mecanismos de apoyo que permiten mantener elevados niveles de producción y exportar productos a precios artificialmente bajos.

Los firmantes sostienen que esta situación resulta especialmente perjudicial para la industria europea, que ya opera bajo costes energéticos elevados y exigentes requisitos regulatorios y medioambientales. En este contexto, consideran que la pérdida de competitividad de Europa está estrechamente relacionada con la falta de mecanismos suficientemente ágiles para responder a estas distorsiones.

La declaración subraya que el problema no radica en la competencia internacional en sí misma, sino en la ausencia de condiciones equitativas. “No pedimos protección frente a la competencia, sino que la competencia sea justa”, señalan las asociaciones.

Preocupación especial en la industria solar

El sector fotovoltaico europeo figura entre los más afectados por esta situación. Según el ESMC, las importaciones de módulos y componentes respaldadas por ayudas estatales han provocado en los últimos años una fuerte presión sobre los fabricantes europeos, dificultando su capacidad para competir y poniendo en riesgo inversiones, empleo y capacidad industrial.

El secretario general del ESMC, Christoph Podewils, afirmó que los fabricantes solares europeos conocen de primera mano las consecuencias de actuar demasiado tarde frente a estas prácticas. A su juicio, la Comisión Europea ya dispone de instrumentos adecuados para intervenir, pero carece de los recursos y la rapidez necesarios para aplicarlos con eficacia.

Cuatro medidas para reforzar la defensa comercial

Las asociaciones industriales plantean cuatro líneas de actuación prioritarias para fortalecer la política comercial europea.

La primera consiste en aumentar significativamente los recursos humanos de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, responsable de las investigaciones de defensa comercial. Los firmantes consideran que la falta de personal está ralentizando los procedimientos y limitando la capacidad de reacción de la Unión.

En segundo lugar, reclaman una aplicación más rápida y preventiva de los instrumentos de defensa comercial existentes. Actualmente, las investigaciones pueden tardar meses en iniciarse, lo que deja a los fabricantes europeos expuestos durante largos periodos a prácticas consideradas desleales. Las asociaciones proponen además abordar las distorsiones desde una perspectiva de cadena de valor completa para evitar que las medidas adoptadas en un segmento se traduzcan simplemente en desplazamientos hacia otros productos relacionados.

Como tercera medida, solicitan estudiar la creación de un nuevo instrumento específico, compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio, destinado a combatir los efectos de las distorsiones generadas por políticas industriales estatales y por situaciones de sobrecapacidad estructural.

Finalmente, proponen una utilización más estratégica del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, ampliando su alcance para analizar patrones de comportamiento sistemáticos en sectores y cadenas de valor completas, más allá de operaciones individuales de adquisición o contratación pública.